La nueva ley del Gobierno endurece las sanciones y la lucha contra la pesca ilegal

La normativa recoge un sistema de penalizaciones similar al carné por puntos y bonifica el pago voluntario - Refuerza a los inspectores y simplifica el modelo de registros de la flota

12.04.2014 | 01:27
Miguel Arias Cañete, ayer. // Efe

Miguel Arias Cañete no ha querido irse del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sin dejar la Ley de Pesca Marítima con la luz verde del Consejo de Ministros y así ocurrió ayer en el último al que asistió antes de volcarse en la carrera electoral como cabeza del PP a las europeas. La nueva ley está llamada a modificar el marco legal en navega el sector pesquero español y vendrá a sustituir a la de 2001, que necesitaba de actualización para ajustarse, entre otras cuestiones no menores, a la nueva Política Pesquera Común de la UE.

El proyecto de Ley de Pesca Marítima fue consultado con el sector que, aunque consideró como aciertos algunos aspectos de lucha contra la pesca ilegal, la apuesta por el turismo pesquero o la inclusión del papel de las mujeres en el sector pesquero, discrepó del sistema de tramitación y aplicación de infracciones, tanto por el procedimiento por la cuantía de las multas, ya que llegaba a duplicarlas, hasta dejar la sanción máxima en 600.000 euros, frente a los 300.000 anteriores. El Ministerio no concretó ayer si estas cuantías se mantienen en el texto aprobado finalmente.

Lo que sí se conoce, como explicó el propio Arias Cañete tras el Consejo de Ministros fue que la nueva ley nace con la vocación de evitar las prácticas ilegales tanto por parte de la flota como en el ámbito de las importaciones, con controles más rigurosos y endurecimiento de sanciones, con la implantación de un sistema de multas similar aunque inverso al carné por puntos que funciona para el transporte por carretera y con bonificaciones por pago voluntario. Además, reconoce la igualdad de género en la pesca, regula el turismo pesquero y simplifica los registros de la flota.

Contra la pesca ilegal. Se pretende eliminar "cualquier espacio de impunidad" para los operadores vinculados a estas actividades, endurecer la respuesta punitiva de la Administración y fortalecer el régimen de control de importaciones de productos pesqueros. Todo ello, como ayer señaló Cañete, desde el compromiso de evitar y sancionar cualquier participación española en estas actividades. Así, se definen nuevos tipos infractores relacionados con incumplimientos en importación de productos pesqueros y de vinculaciones a buques incluidos en listas internacionales de pesca ilegal y amplía el ámbito de aplicación del régimen de sanciones para poder actuar frente a buques extranjeros o Estado de pabellón que no ejerciera su competencia sancionadora. También se refuerza el control sobre los españoles enrolados en buques de terceros países.

Infracciones y sanciones. En busca de la "eficacia" y la "sostenibilidad", se habilita un sistema de penalizaciones para la pesca similar al carné por puntos. Normas comunitarias como el Reglamento de Control hicieron necesaria la actualización del régimen de infracciones y sanciones. Así, se fortalecen las atribuciones de los inspectores de pesca, se apuesta por mecanismos de eficiencia administrativa como comunicaciones electrónicas, procedimientos abreviados o sistemas de pago voluntario bonificado en determinados casos. También se fomenta la donación a entidades benéficas de los productos decomisados en procedimientos sancionadores.

Registro de buques. Se simplifica el actual régimen registral de los buques pesqueros a través de dos únicos instrumentos. En primer lugar, el Censo de la Flota Pesquera Operativa, que recopila los datos de los buques que faenan en aguas exteriores y los que simultanean éstas con las interiores. En segundo lugar, el Registro General de la Flota Pesquera, que aglutina tanto los datos del Censo de la Flota Pesquera Operativa como los de los Registros o censos autonómicos y las de servicio a instalaciones de acuicultura. Este Registro General supondrá la parte española del Registro Comunitario de Buques, exigencia de Bruselas.

Igualdad de género. La reforma busca mejorar la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola a través del "reconocimiento" de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. "El liderazgo y el emprendimiento de las mujeres constituyen un elemento fundamental en el futuro de la pesca", señala Agricultura.

Pesca-turismo. El texto regula el turismo marinero en busca de la diversificación de la economía del sector, y para el Gobierno las actividades turísticas guiadas por marineros tienen que ser "más relevantes" para que pueda suponer un complemento a la renta de la flota.

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