Un juez investigará si armadores pagaron a subasteros para vender en "B" en Vigo y Marín

La Fiscalía presenta denuncia, ahora por estafa, contra la Cooperativa San Miguel

04.04.2014 | 01:32

El análisis por parte de la Fiscalía de Pontevedra de la documentación incautada por la Guardia Civil en los locales de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín sigue dando resultados. A la acusación formulada en su día por el fiscal de delitos económicos por presunto fraude fiscal, se suma ahora la interposición de una denuncia por parte del fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, contra la propia Cooperativa y su junta directiva por un presunto delito de estafa a los socios.

Esta denuncia parte también de la investigación iniciada por presunto fraude a Hacienda (el ministerio público ya acusa a la Cooperativa de haber defraudado 1.053.849 euros al erario público en el impuesto del IVA de tres ejercicios). Una vez que se detectó el posible delito fiscal los investigadores se preguntaron cuál era la fórmula que utilizaba para realizar las ventas en "B" en las subastas que se realizaban en las lonjas de Marín y Vigo, principalmente en esta última. Se abrió una pieza separada para investigar estos hechos y el fiscal jefe de Pontevedra asumió el caso. Pronto se detectaron indicios de posibles sobornos pagados a los funcionarios portuarios para hacer la vista gorda en las descargas de pescado y la Fiscalía llamó a declarar a varios funcionarios y armadores implicados, pero solo uno de los investigados habría reconocido el pago de estas cantidades.

Sin embargo, uno de los principales indicios que llevó al fiscal a presentar esta denuncia está también en la supuesta contabilidad "B" que llevaba la Cooperativa y que, según se recoge en el escrito de acusación por delito fiscal, aparecía recogida en unas liquidaciones de color blanco que se diferían de aquellas de color azul por las que sí se pagaban impuestos.

Allí aparecen reflejados pequeños pagos de 60, 90 y 120 euros que los responsables de la Cooperativa de Armadores no habrían podido justificar ante el fiscal y que este cree que podría tratarse de las cantidades que abonaban a los subasteros para que hiciesen la vista gorda, según confirmaron ayer fuentes del ministerio público. Ahora deberá ser un juez de Marín el que profundice en la investigación después de la denuncia presentada por la Fiscalía.

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