El sector denuncia que el pacto sobre los descartes no garantiza su supervivencia

La flota avisa de que se reducirá su actividad aún más y augura "sacrificios adicionales" - Se rebaja del 7% al 5% el margen de tolerancia aprobado el pasado mes de febrero

16.05.2013 | 07:37
Barcos de bajura y de pesquerías comunitarias en el puerto de Vigo. // FDV
Barcos de bajura y de pesquerías comunitarias en el puerto de Vigo. // FDV

Nada en el sector pesquero gallego hacía pensar ayer en celebraciones tras conocer el resultado de la maratoniana reunión sobre la reforma pesquera que durante 36 horas celebraron en Bruselas los ministros de Pesca de la UE. Y es que el acuerdo, aunque mantiene un margen -excepción "de minimis"- con los descartes pesqueros, lo revisa a la baja sobre el acordado por ellos mismos en febrero, al pasar del 7% al 5% en cuatro años, de 2015 a 2019, de forma que en los dos primeros se permitiría un 7%, un 6% en los dos siguientes y un 5% desde 2019. El Parlamento Europeo (PE), más exigente, aspiraba a unos descartes del 0%, aunque finalmente accedió a elevar el índice al 3%. Los ministros de Pesca acordaron también retirar el límite máximo del 9% de descartes por marea para cada barco.

Otra de las medidas para garantizar una pesca sostenible, que defienden Consejo y Europarlamento aunque con diferencias en plazos y rigor, es el del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Así, mientras la Eurocámara apostaba por introducirlo desde 2015, los ministros apostaron por una entrada progresiva desde ese año, "cuando sea posible", aunque "a más tardar", en 2020.Como compensación, se incluye el concepto de biomasa en el cálculo del RMS, junto con el de mortalidad por pesca.

Tras conocer el acuerdo -que ahora debe negociado con el Parlamento Europeo y la Comisión- la flota gallega y la española ven pocas razones para compartir el optimismo de Arias Cañete, quien destacó que se había logrado "evitar la paralización de parte de la flota española", que cifró en unos 40 buques, como los de Gran Sol, que practican pesquerías mixtas.

Sin embargo, la flota gallega y, en concreto, la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) señaló que, aun compartiendo el objetivo de eliminar los descartes, que achaca no a la voluntad del sector sino al modelo de gestión pesquera de la UE , el acuerdo "no soluciona que la flota española afronte la obligación de no descartar sin perder las actuales posibilidades de actividad y pesca. Y por tanto, no asegura la supervivencia de la flota, como perseguía el ministro español".

Para Arvi, el acuerdo "empeora" los del Consejo de febrero, que "eran ya insuficientes" y la rebaja al 5% del margen de descartes empeora "las perspectivas de actividad de la flota", lo que se traduce en que "si antes ya teníamos grandes problemas por la gran carestía de cuotas de la flota española, ahora con este acuerdo, la cuestión de hacer llegar las cuotas hasta final de año, se ha puesto muchísimo más complicada y difícil".

Mientras, la valoración de la patronal pesquera española Cepesca también fue en tono crítico al definir el pacto como "una nueva vuelta de tuerca para el sector pesquero" , según el secretario general, Javier Garat.

Cepesca entiende que la obligación de desembarcar todas las capturas de forma progresiva desde 2015 hasta 2019, "sin tener en cuenta la composición de las capturas, sin actualizar la estabilidad relativa, sin ajustar las medidas de gestión de forma adecuada y sin introducir un sistema de gestión basado en derechos de pesca transferibles en la UE, va a provocar enormes restricciones a la actividad de la flota, poniendo en juego el futuro de muchos pescadores españoles y estará abocada al fracaso".

La patronal española, junto con la comunitaria hace un llamamiento unánime al PE para que "asuma su responsabilidad, tenga en cuenta las necesidades de la industria pesquera y, al menos, no empeore las propuestas del Consejo de Ministros".

Finalmente, desde la Xunta, la Consellería do Mar, que apuesta por la adecuación de las flotas europeas a los recursos disponibles, mostró su apoyo "a la postura del Gobierno Central, ya que la reforma de la PPC -tal y como la plantea el Parlamento Europeo- supondría en la práctica la desaparición de la flota pesquera gallega", al afectar no solo a la industrial sino que también "comprometería" a la artesanal".

La Xunta mantiene su rechazo al principio de estabilidad relativa, por el que se distribuyen las cuotas pesqueras en la UE.

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