El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, que ya expropió todos los bienes de la filial argentina de Eduardo Vieira SA el pasado 20 de septiembre, quiere dar otro giro al proceso. Un grupo de trabajadores, asesorados por diputados provinciales del partido de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, han planteado oficialmente una proposición de ley para convertir Vieira Argentina en una sociedad del Estado. Y el gobernador provincial, Daniel Peralta, ya anunció que llevará la iniciativa a la Cámara de Diputados en cuanto ésta retome el periodo de sesiones el 25 de febrero, según pudo contrastar FARO en fuentes del organismo.
Argentina reincide así en la toma unilateral de la empresa gallega pese a que, como avanzó este diario, un Juzgado Nacional de Buenos Aires apreció visos de incostitucionalidad en la ley que sirvió para incautarse de la fábrica, siete barcos y otros bienes materiales de la filial de Vieira. En total los activos expropiados tienen un valor de 13,8 millones de euros, según el informe de la administración concursal de la compañía viguesa. "Se trata de pasar de un proyecto de expropiación a un modelo de cogestión que puede transformar la pesquería en la provincia", destacó el gobernador provincial, Daniel Peralta, a los medios de comunicación locales. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión del Ejecutivo de Santa Cruz.
La conversión de Vieira Argentina en una sociedad del Estado supone darle la misma categoría que en el país patagónico tiene la empresa pública Lotería Nacional u Operadora Ferroviaria (similar a la Renfe española). Este tipo de sociedades están articuladas en base a la ley 20.705, que estipula que cualquier administración (nacional, provincial o local) puede constituirlas "para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos". El artículo cinco de esta norma dictamina que las sociedades del Estado "no podrán ser declaradas en quiebra", a no ser que cuente con una autorización a tal efecto del Poder Ejecutivo nacional.
La intentona del partido de Kirchner se produce a la par que un Juzgado Nacional investiga la posible inconstitucionalidad del decreto que propició la expropiación de Vieira Argentina, y busca blindar así sus bienes para poder sacar a faenar los cinco tangoneros y dos poteros que permanecen amarrados en la localidad de Puerto Deseado. El mismo Alto Tribunal bonaerense (de primera instrucción en lo Comercial número 25 de la capital) decretó, como también avanzó FARO en exclusiva, que las licencias de los siete buques seguían siendo de Vieira. El 12 de junio caduca este dictamen, ya que los permisos de pesca de los barcos le fueron renovados a la empresa de Vigo durante seis meses.
Sin inversores
"Esto entraba dentro de lo posible", explicó a este diario el presidente del Grupo Vieira, Eduardo Vieira. "O bien encontraban un inversor privado o la intentaban convertir en una sociedad pública", agregó. La administración de Santa Cruz, que adeuda nóminas y la paga extra navideña a la plantilla de la factoría, no logró conseguir la implicación de ningún socio privado aunque se había especulado con entregar la factoría y los buques a una empresa local. A día de hoy la planta está arrendada a Argenova, filial de la multinacional también gallega Pescanova, acuerdo que generó un profundo malestar en Eduardo Vieira.
Los trabajadores de la empresa de Puerto Deseado querrían formar parte del accionariado de la nueva sociedad pública, y cuentan con el apoyo de una de las diputadas que puso en marcha la expropiación de Vieira Argentina, Selsa Hernández. El presidente del grupo vigués, pese a todo, incide en que confía en la justicia para resolver un conflicto que se inició hace ya más de medio año.
