Quintana pide al Estado que respete las competencias de la Xunta en vivienda

A. MÉNDEZ / VIGO El portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, aseguró ayer en Vigo que los representantes de su partido en el Congreso no permitirán que el próximo Gobierno central "vulnere las competencias exclusivas de la Xunta en materia de vivienda". Durante un acto político celebrado en el barrio vigués de San Paio de Navia y acompañado de la candidata Olaia Fernández Davila, el líder nacionalista hizo hincapié en que es necesario que Vivienda "deje de ser el ministerio de la propaganda y permita a las consellerías desempeñar sus funciones exclusivas".
Quintana reclamó respeto para el ámbito competencial gallego y lamentó el "espectáculo" vivido en los últimos meses, debido a la puesta en marcha desde Madrid de programas estatales sobre vivienda que, a su juicio, "invadían competencias autonómicas".
En este mismo sentido se pronunció la diputada nacional Fernández Davila, quien avanzó que en la próxima legislatura, el BNG pedirá al Estado que reconsidere la territorialización de los fondos estatales destinados a vivienda, teniendo en cuenta características diferenciales del territorio gallego, como son la dispersión geográfica, el envejecimiento del parque de viviendas y el nivel medio de las rentas.
En el acto también participaron el teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, y la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, quien reconoció que su departamento, al margen de las denuncias de Navia, tiene conocimiento de más reclamaciones por el pago de sobreprecios en promociones de vivienda pública, aunque no se ha formalizado ningún expediente ni los particulares acudieron a la vía judicial, como ocurrió en Vigo. Lo importante, en su opinión, es que "ahora los vecinos ya no tienen miedo a denunciar y saben que la adjudicación se hace con transparencia".
Las declaraciones de Táboas se producían minutos después de que la Consellería de Vivenda anunciase desde Santiago la adjudicación de otros 17 pisos protegidos en Navia, a través del Registro Único de Demandantes, ante notario y sorteados entre 5.124 familias.