Los jueces exigen una subida salarial por la "pérdida de capacidad adquisitiva"

M. FONTÁN / VIGO Un contundente y unánime acuerdo. Los jueces vigueses exigirán al Ministerio de Justicia una mejora salarial ante la "pérdida de capacidad adquisitiva" que han sufrido en los últimos años. Los magistrados, en una junta celebrada esta semana, han aprobado adherirse al acuerdo adoptado por la Comisión Interasociativa Permanente, en la que se recomienda, como medida de protesta, no tramitar más denuncias de las que establecen los módulos máximos fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta decisión, en la práctica, supondría descender el volumen de trabajo y, por ejemplo, ya ha sido adoptada por los jueces coruñeses. En Vigo no hubo acuerdo unitario para llevar adelante esta medida de presión por el momento, aunque, según fuentes judiciales, no se descarta realizarla en el futuro si no se atiende a sus reivindicaciones.
La Junta General de Jueces de Vigo, presidida por el decano Jaime Bardají, acordó de forma unánime exigir al ministerio "el cumplimiento de sus promesas y un cambio radical de su actitud negociadora" debido a la pérdida de capadidad adquisitiva, que deberá ser corregida, señalan, en la Ley de Retribuciones que se negociará en mayo.
Los jueces propondrán a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que adopte un acuerdo en el que se adhiera a las "justas reivindicaciones salariales" que están demandando. También propondrán al CGPJ que "apoye la dignidad e independencia económica de los jueces como elemento esencial de la eficacia y eficiencia del Poder Judicial".
El acuerdo adoptado en Vigo no es una excepción. Todo lo contrario. En otras ciudades españolas las juntas de jueces se han manifestado al respecto y, por ejemplo, en A Coruña, han acordado por unanimidad trabajar menos y limitarse a cumplir los módulos que establece el CGPJ. Una medida que supondrá trabajar menos (se celebrarían menos juicios y se dictarían menos sentencias), ya que la carga de asuntos que asumen los juzgados obligan a los magistrados a tramitar más casos de los que serían idóneos según los criterios oficiales. Esta recomendación, en Vigo, no se ha asumido por mayoría por el momento, al considerar que iría en perjuicio de los ciudadanos, aunque cada juez podría adoptarla según su criterio.
En otras zonas de España el malestar de los magistrados es también más que evidente. Los jueces de Madrid han pedido a las asociaciones judiciales que, en caso de que fracasen las negociaciones, se convoque a la carrera judicial a una concentración ante el Ministerio de Justicia y, finalmente, que analicen la conveniencia de convocar una huelga.