La seguridad jurídica del nuevo Plan Xeral, su aspecto central tras haber duplicado el gobierno local el porcentaje de vivienda protegida, cuenta con el dictamen favorable de la máxima autoridad jurídica del Concello. El secretario xeral concluye, en su informe sobre el PXOM, que está blindado contra recursos judiciales al sostener que el aumento de pisos sociales no es "una modificación sustancial". Los cambios, apunta, no obligarían a realizar una segunda exposición pública, trámite imprescindible según la federación vecinal y la Unión de Consumidores, que auguran una repetición de la desastrosa historia urbanística reciente en Vigo. "La seguridad jurídica en esta cuestión es manifiesta", subraya el informe del secretario, al que ha tenido acceso FARO.

Su análisis figura en el expediente para llevar el PXOM a pleno el sábado. El jurista, José Riesgo Boluda, anticipa que dispuso de un "plazo muy reducido" para estudiarlo, pero tras un minucioso informe de 35 páginas concluye que "no existe obstáculo legal" que impida votarlo. En su exposición argumenta que el cambio de tipología de vivienda no altera la calificación del suelo, que es "lo que la ley exige para instrumentar una segunda información pública". Este trámite, añade incluso, "poco o nada aportaría".

El documento analiza los efectos jurídicos y económicos de introducir un 43% de vivienda protegida, un 20% más de lo previsto. El asesor municipal incluso elogia que se vaya más allá de lo que indica la nueva Ley del Suelo, que fija el porcentaje en el 30%, al hacer mención al derecho de todos los ciudadanos, recogido en la Constitución, a una vivienda "digna, adecuada y accesible".

"Error evidente"

Un factor que, según la Asociación de Promotores, hace inviable el Plan, es la alteración económica que conllevan los cambios, ya que el beneficio, con más vivienda protegida, es menor, pero las cargas se mantienen. El informe del secretario da en este apartado un serio varapalo al equipo redactor del Plan y al Concello, ya que los cálculos no fueron actualizados desde 2003. Esto, a su juicio, supone un "error evidente", ya que tiene una "indudable trascendencia" sobre las plusvalías.