El grupo municipal de la Marea de Vigo ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde, Abel Caballero, y al director general de Aqualia por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en relación con la calidad del agua de la traída en los peores meses de la sequía. El regidor les contestó que los juzgados "los tienen ahí, al ladito" y recordó que "no es la primera vez" que acuden -en alusión a la operación Patos- y "fallaron".
En su escrito de denuncia, la Marea de Vigo indica que desde al menos finales de diciembre de 2017 el agua de la traída "no satisface los valores establecidos" por la normativa, lo que le consta al gobierno local a través de los análisis del laboratorio municipal.
Estos revelaron que al menos en dos lugares concretos de Vigo, en la zona de Canido y en el colegio San Salvador de Teis, los niveles de hierro excedían el tope de 600 microgramos por litro, y que una de las muestras triplicó esa cifra.
Alude también a analíticas de la Xunta que revelaron la presencia de aluminio y trihalometanos en valores superiores a los establecidos por la normativa.
Pese a ello, Marea de Vigo indica en su denuncia ante la Fiscalía que el alcalde "no solo ocultó" los citados análisis del laboratorio municipal, sino que afirmó "en reiteradas ocasiones" ante los medios de comunicación que el agua de la conducción siempre fue apta para el consumo humano.
También le reprocha que no exigiese a la firma Aqualia la investigación de los resultados obtenidos ni la adopción de medidas correctoras, ni le pidiera explicaciones ni investigara la "presunta manipulación" de la red de abastecimiento a través de purgas horas antes de tomar muestras en lugares donde habían dado parámetros irregulares.
El portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha indicado en una conferencia de prensa que su grupo ha denunciado ante la Fiscalía tras "agotar la vía política", y que si se ha llegado a este punto es porque el Gobierno local ha actuado con "mayoría absolutista".
Pérez ha tachado de "rotundamente falso" el argumento de que el laboratorio municipal no pudiera hacer analíticas al carecer de certificación, ya que estaba homologado.
Asimismo, ha puesto en tela de juicio la actuación de la Xunta, que por una "cuestión de lectura política" no actuó en Vigo como hizo en Ferrol en 2015, cuando "no tardó ni 24 horas en decretar la alerta sanitaria" y restringir el consumo del agua de la traída.
Caballero ha vuelto a señalar a los ediles de la Marea que los juzgados "los tienen ahí, al ladito", y ha añadido que "no es la primera vez" que acuden y que "fallaron". Se ha referido así a a la personación como acusación popular, que fue denegada, en la denominada operación Patos.
