El pasado abril arrancaron, a nivel nacional, las movilizaciones de jueces y fiscales para exigir mejoras en la Justicia, avances en sus condiciones profesionales y la recuperación del nivel salarial perdido a consecuencia de la crisis económica. La concentración inicial y los paros parciales de una hora posteriores han tenido gran respaldo. Y Vigo no fue una excepción. Ahora, estos profesionales van un paso más allá. Y es que este próximo martes día 22 las carreras judicial y fiscal están convocadas a una huelga de toda una jornada. Se trata de una medida del todo excepcional en ambos colectivos, como lo demuestra el hecho de que en toda la democracia los magistrados solo protagonizaron tres huelgas. Una cifra que en el caso de los fiscales se reduce a una, ya que hasta ahora solo habían participado en la última de esas, que se remonta ya a 2013, a la época del ministro Alberto Ruíz-Gallardón.
Ahora quien está al frente del Ministerio de Justicia es Rafael Catalá. El "hartazgo" y la "indignación" por la falta de respuesta a la batería de reivindicaciones que presentaron, que resumen en 14 puntos, es el ambiente previo a este martes. Esto, junto al hecho de que es la primera huelga en la que todas las asociaciones judiciales y fiscales van al unísono, es lo que hace prever un día "histórico", en palabras de magistrados consultados, que vaticinan un alto seguimiento. En Vigo están convocados al paro, que motivará la suspensión de juicios y otras diligencias, un total de 74 profesionales: 47 magistrados y 27 fiscales.
"La huelga va a tener un seguimiento importante porque expresa el malestar de la carrera judicial por el secular abandono de la Justicia y la necesidad imperiosa de invertir recursos si de verdad creemos que debe ser una prioridad", valora el magistrado de Pontevedra Manuel Almenar, presidente de la asociación mayoritaria entre los jueces, la APM. Afirma que "es el momento de la Justicia" y espera que los responsables políticos estén a la altura y entiendan lo que representará este próximo día 22. "Confío en una negociación que permita la consecución de los propósitos que se plantean", expresa.
Una respuesta "legítima"
El juez decano vigués, Germán Serrano, suscribe las palabras de Almenar. Otros magistrados de la ciudad también creen que la participación en la huelga será "muy relevante". Así lo señala por ejemplo el juez instructor Juan Carlos Carballal, que recuerda que fue hace un año cuando las asociaciones presentaron en el Congreso de los Diputados las 14 propuestas de mejora de la Justicia. "No se dio respuesta a ninguna reclamación, lo que nos ha llevado a convocar esta huelga", señala. A su juicio, "es una respuesta legítima y necesaria de jueces y fiscales porque se trata del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y esto es muy serio". "Somos esenciales en un estado de derecho y necesitamos de medios personales y técnicos para poder trabajar", concluye.
Por su parte, la fiscal jefe de Vigo, Susana García Baquero, destaca que las concentraciones y paros parciales previos a la huelga tuvieron un "seguimiento numeroso" -en la Fiscalía rondó la mitad de su plantilla-. No duda de que están ante una "movilización sin parangón", por el apoyo de las 7 asociaciones y la adhesión masiva de jueces y fiscales a nivel individual a las medidas planteadas. Éstas, señala, "se centran especialmente en una justicia de calidad", resaltando que los aumentos retributivos que se piden "lo son para recuperar el nivel salarial perdido desde 2010". De forma concreta para la Fiscalía, indica que todas las reclamaciones pasan "ineludiblemente" por la reforma de su Estatuto y por la aprobación de un nuevo reglamento para la carrera que sustituya al actual, que data de 1969.
García-Baquero subraya, de cara al martes, que se atenderán todas las vistas y diligencias de materias de servicios mínimos, "para evitar perjudicar los derechos de los particulares". Y no olvida que la situación de la Justicia en Galicia es "muy complicada" tras la huelga de tres meses de los funcionarios: "Esto debe tenerse en cuenta de manera que no se obstaculice el proceso de restauración del servicio público".
Manuel Almenar - Juez y presidente de la APM
"Esta medida expresa el malestar por el secular abandono que viene sufriendo la Justicia "
Susana García-Baquero - Fiscal jefe de vigo
"Todas las materias de servicios mínimos se atenderán para evitar perjudicar a particulares"
