Después de tres años negociando, el Concello ofreció al Grupo Puentes en el año 2015 indemnizarla con 6,4 millones de euros a cambio de renunciar al lucro cesante que dejaría de percibir por el contrato y de que inyectase 1,6 millones a la tesorería de Cocheras Olívicas para garantizar su liquidez. El Consello Consultivo de Galicia desaconsejó aquella operación y Puentes recurrió a los tribunales para dirimir si le correspondía o no hacerse cargo de la situación de la sociedad creada para gestionar los dos subterráneos de Vigo. Finalmente la firma se liquidó y el gobierno local asumió la gestión en abril abriendo expediente a Puentes por incumplimiento de contrato y advirtiendo con multas de hasta 6.000 euros si finalmente los tribunales dan la razón al Concello.
