La huelga de funcionarios de la justicia pasa factura a los negocios del entorno de los juzgados. Los más de dos meses y medio de paros han desplomado la caja de las tiendas, supermercados, cafeterías, bares... de la calle Coruña y sus alrededores. El presidente de la Asociación de Comerciantes de As Travesas (Aetravi), Víctor Fernández, explica que la facturación del sector cayó un 20% a raíz de la huelga. "Se nota en toda la zona y desde hace tiempo porque ya antes de la convocatoria se apreció una caída del consumo", recalca Fernández, que preside también la federación de comercio (Fecovi).
El desplome de actividad habría afectado a unos 60 establecimientos, tanto los dedicados al comercio como la hostelería. Su situación podría cambiar en breve, sin embargo, después de que la Xunta y cuatro sindicatos (CC OO, UGT, USO y CSIF) lograsen ayer un preacuerdo para acabar con el paro.
El efecto de la caída de actividad en los juzgados no solo se notó en las cajas. Al desplomarse sus ganancias, algunos locales decidieron recortar también las plantillas. Fernández reconoce que la pérdida de empleos solo se dio en "casos aislados", pero insiste en el perjuicio para el barrio. "Los alquileres son muy altos y al final se nota todo", comenta el presidente de Aetravi antes de recordar el contexto con el que lidia a diario el pequeño comercio: la agresiva y cada vez mayor competencia del comercio online y una crisis que, asegura Fernández, aún se deja notar.
La caída de facturación debido a la huelga acentúa la "preocupación" de Aetravi por el efecto que tendrá el traslado de la actividad judicial al antiguo Xeral. "Si ahora estamos así, dentro de dos o dos años y medio...", reflexiona Fernández. En 2016 la asociación de Travesas ya advirtió de que el traslado de los juzgados al antiguo hospital condenaría al cierra a "gran parte" de los 3.700 negocios que se reparten por el entorno. El colectivo presagiaba además "un gran impacto negativo" en más de 10.000 puestos de trabajo. Ya entonces Aetravi señalaba la importancia de los cerca de 500 funcionarios de la justicia.
