Unanimidad en la Corporación viguesa para reclamar a Fomento alternativas al "colapso" de la A-55 y plazos concretos para la construcción de la variante en túnel hasta el Alto de Puxeiros anunciada por el presidente del Gobierno a principios de mes. El PSOE logró el respaldo del PP y de Marea a su moción en la que se insta al departamento de Íñigo de la Serna a retomar de forma inmediata la reforma de la autovía a su paso por Mos para completar las obras antes de que finalice junio, la publicación de un calendario realista para el subterráneo alternativo al complejo trazado de Tameiga y la eliminación temporal del peaje de la AP-9 entre Vigo y Porriño para que particulares y transportistas tengan la opción de evitar los continuos atascos de la A-55 por sus elevados índices de siniestralidad.
"Vigo se encuentra colapsado debido a los problemas en la principal salida por carretera hacia el sur, las retenciones diarias en el puente de Rande inaugurado con obras sin finalizar y por la falta de compromisos del Gobierno central con la llegada del AVE", argumentó la concejala de Urbanismo, María José Caride, para reclamar al Ministerio de Fomento que no dilate por más tiempo la reforma de la autovía Vigo-Tui adjudicada en 2015 y con señalización de obra desde hace más de dos años, pero sin avances visibles en materia de seguridad.
Los socialistas consideran "imprescindible" que se aporte una solución antes de la temporada alta de verano teniendo en cuenta que a partir de julio la intensidad circulatoria en el tramo de Mos asciende a 70.000 vehículos diarios. "Provoca un daño a la economía de Vigo y cercena nuestro atractivo como enclave turístico y de ocio", denunció Caride antes de plantear al resto de grupos la petición de liberalizar la AP-9 hasta Porriño mientras no se mejoren los accesos, carriles de incorporación y el trazado de la A-55.
Marea de Vigo se sumó a la petición asegurando que el trazado que soportan miles de conductores de la comarca "es impropio" y además produce un "fuerte impacto social en zonas habitadas" a las que no se da solución mediante pantallas acústicas. Xosé L. Jácome lamentó que no se utilice como alternativa accesible la AP-9 y se "prefiere optar por dar negocio a las empresas", recordando además que el texto del PSOE era muy similar al presentado por En Marea en el Congreso.
El PP se sumó a las demandas pese a no estar de acuerdo con la exposición de motivos de los socialistas. El edil Diego Gago lamentó que se llevara a Pleno "un tema que no es competencia municipal" y recordó que "la A-55 fue inaugurada y diseñada en su totalidad por el Gobierno de Felipe González" situando al actual Ejecutivo de Rajoy como el único "que ha tomado cartas en el asunto". Defendió el túnel anunciado por Rajoy como solución a los problemas de movilidad de la comarca.
Solo hubo en la sesión otro punto aprobado por unanimidad: la incorporación de un crédito extraordinario de 1,3 millones de euros para financiar las ayudas de rehabilitación de viviendas en las ARI [Áreas de Rehabilitación Integral] del Casco Vello, Bouzas, Coia y Santa Clara que no se pudieron ejecutar en 2017. PSOE y Marea aprobaron también la moción de este último grupo instando a la Xunta a que las cuantías de la Risga se acerquen al indicador Arope que mide el mínimo de ingresos por hogar, que pueda ser percibida desde los 18 años y se flexibilicen los criterios de residencia legal. El PP votó en contra por considerar que parte de estas medidas ya las contempla el Decreto de Desarrollo de la Lei de Inclusión Social de Galicia.
Huelga judicial
El Pleno arrancó ayer de forma inusual y más tenso que de costumbre ante la presencia de varias docenas de trabajadores de la justicia que cumplían su día 78 de huelga. Teresa Alonso hizo de portavoz del colectivo leyendo un manifiesto en que demandaron la equiparación salarial con el resto de regiones del país y más medios para trabajar de forma eficaz. PSOE y Marea respaldaron explícitamente sus propuestas y el alcalde les expresó que cuentan "con el respaldo del Pleno y de la ciudad". Exigieron al vicepresidente Alfonso Rueda que se siente a negociar o, de lo contrario, exigirán formalmente su dimisión. El PP defendió las ofertas planteadas por la Xunta a la plantilla y se desmarcó del acuerdo.
