Setenta y tres días y subiendo. La nueva ruptura en las negociaciones entre Xunta y sindicatos judiciales mantendrá al menos durante varias jornadas más la huelga de funcionarios de Xustiza. Esto favorecerá la inactividad de la jurisdicción Contencioso-Administrativa o Mercantil -donde no se ha celebrado ningún juicio desde el pasado 7 de febrero- y la parálisis de más de un millar de causas civiles en la Oficina de Registro y Reparto. La agenda de muchas salas comienza a quedarse sin fechas y si ya en marzo un juzgado Social tuvo que suspender y retrasar procedimientos a enero de 2019, mismo camino parecen seguir los pleitos penales.

Y es que desde el comienzo del paro de funcionarios, las salas de lo Penal de Vigo -según revelaron fuentes próximas al caso- no habrían recibido los procedimientos para juicio y por lo tanto no se ha señalado ninguno nuevo. Estas mismas fuentes vaticinan que una vez la situación vuelva a la normalidad se producirá una "avalancha" de casos entrantes que obligará a señalar muchas para el año 2019. "Lo sentimos mucho por el ciudadano porque va a salir perjudicado pero no podemos hacer otra cosa", apuntaban a este periódico.

Se trata de una situación absolutamente excepcional ya que estas salas no suelen señalan más allá de "dos o tres meses" vista, ya que llevan los procedimientos y el trabajo muy al día. La dilatación de esta huelga obligó también a realizar cambios en el calendario de juicios que ya tenían señalados.

Como no se esperaba que pudiera alargarse tanto, las vistas orales que fueron suspendidas al inicio del paro en febrero se habían fijado para finales de abril, margen que se creía suficiente para que el comité de huelga y Xustiza hubiesen alcanzado un acuerdo. Sin embargo éste no se ha producido aún y los juicios de la próxima semana serán suspendidos y emplazados a una nueva fecha, previsiblemente para finales de mayo.

La continuidad de la huelga no solo se aprecia en las causas y litigios paralizados. La imagen de pasillos vacíos y mesas llenas de expedientes son muestra del compromiso de buena parte de la plantilla judicial del partido vigués. Sin embargo este apoyo parece ir perdiendo fuelle ya que en el último recuento llevado a cabo ayer por miembros del comité de huelga situaba este seguimiento en torno al 75%, el más bajo hasta la fecha. Por la contra, la Xunta ha cifrado este seguimiento en la provincia de Pontevedra en un 30,95%.

De igual modo, son ya varias salas que cuentan con el 100% de su personal de auxilio, gestor y tramitador reincorporado, situación que contrasta con otros tribunales donde solo operan los servicios mínimos. El colectivo Sos Xustiza demandó alcanzar "un acuerdo urgente" porque no puede ser que las principales víctimas de este conflicto "sean los más débiles".

Ampliar las instrucciones

La parálisis de cientos de casos genera un problema para su investigación, ya que los plazos de instrucción fijan un máximo de 6 meses para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado o que la causa sea declarada compleja. Esto podría obligar a una revisión por parte de la Fiscalía de todos estos casos, sin embargo "las causas próximas a cumplir los plazos de instrucción se están tramitando normalmente a través de los servicios mínimos. En cualquier caso, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, en su punto 4, una salvaguarda que permite al juez fijar un nuevo plazo en función de la existencia de circunstancias extraordinarias o sobrevenidas", admitían fuentes de la Fiscalía.