¿Casualidad o es que la Administración de Justicia está aquejada de severos males? Porque lo que está ocurriendo en el sector judicial parece dar la razón a las diversas y autorizadas voces que dentro de este ámbito llevan años criticando y lamentando que esta administración sea la "hermana fea", la que tradicionalmente ha tenido que conformarse con ser la "gran olvidada" por los sucesivos gobiernos. Sea lo que fuere, lo cierto es que a nivel nacional, pero especialmente en Galicia, están confluyendo en el tiempo movilizaciones de prácticamente todos los profesionales que permiten que la maquinaria judicial funcione día a día. Como una especie de "tormenta perfecta", estos colectivos, cada uno con sus propias reivindicaciones, han entonado un "basta ya". Los primeros fueron los funcionarios judiciales gallegos. Sus reclamaciones salariales y laborales les han llevado a una huelga que acaba de cumplir dos meses. Y esta semana han sido los jueces y fiscales de toda España los que han iniciado sus protestas, con una concentración, para exigir una Justicia moderna y para recuperar el poder adquisitivo perdido por la crisis. Y los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales, están en negociaciones a causa de sus retribuciones, pero también por su malestar por cuestiones de sus categorías o por el "abuso" al atribuirles funciones que, sostienen, no les corresponden. xx
La huelga que los funcionarios judiciales gallegos empezaron el 7 de febrero cumplió ayer dos meses con una multitudinaria manifestación en Santiago. Nadie, ni los sindicatos convocantes, esperaba que el paro se prolongase tanto. Y es que nunca un conflicto en el sector público de Galicia había llegado a este punto. El comité de huelga también se confiesa "sorprendido", y "orgulloso", de la alta participación de los trabajadores. En las primeras semanas hasta un 95% del personal secundó el paro y, transcurridos 61 días, en ciudades como Vigo se sigue por encima del 80%. ¿Las consecuencias? La práctica parálisis de la actividad judicial. "Hemos perdido el primer trimestre del año; algunos juzgados pueden tardar años en recuperarse", resumen en los tribunales vigueses, donde ya se cuentan por miles los juicios y otro tipo de diligencias que han tenido que suspenderse.
Los siete sindicatos judiciales están unidos en esta lucha. Son cinco sus reclamaciones. Los descuentos en bajas laborales, las sustituciones, los refuerzos o la amortización de plazas son puntos en los que parece haber avances. Pero el escollo es el CAT, el complemento autonómico transitorio. Los funcionarios han rebajado su petición a una subida de 180 euros mensuales, pero la cuantía que ofrece la Xunta está lejos de esa cifra. "Hay una participación y una unidad histórica porque lo que reivindicamos es justo; queremos equiparación con el resto de comunidades; somos un colectivo que hemos sufrido recortes por la crisis", sostienen.
Los integrantes de las carreras judicial y fiscal son poco dados a protagonizar medidas de presión. Por eso es significativo el calendario de movilizaciones que, a nivel nacional, han iniciado esta semana. Si sus reivindicaciones siguen sin tener una respuesta positiva por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tienen convocado un día de huelga para el 22 de mayo. En toda la democracia, solo realizaron tres paros, el último en la época del ministro Alberto Ruíz Gallardón. Pero en esta ocasión, por primera vez, todas las asociaciones profesionales van de la mano. De ahí la fuerza de este movimiento, demostrada el jueves. Hubo concentraciones de magistrados y fiscales en todas las sedes judiciales. En Vigo participaron medio centenar de profesionales, el 70% de los que ejercen en la ciudad. "Hay hartazgo", expresaron en un acto en el que el juez decano vigués, Germán Serrano, y la fiscal-jefe, Susana García-Baquero, se encargaron de leer el manifiesto.
Quieren que se refuerce la imagen de independencia judicial. Más plazas de jueces y fiscales, así como más medios y modernos. También mejorar el proceso de digitalización judicial, compatibilizar los sistemas de gestión procesal o nuevos juzgados mientras no se implanten los tribunales de instancia. Reclaman la convocatoria de la Mesa de Retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y avances en medidas de conciliación o en cuestiones como permisos o libranzas.
"Estamos cansados, esto ya no admite más parches, llevamos mucho tiempo ninguneados por los sucesivos ministerios de Justicia", expresan varios magistrados. Y eso que en Galicia, señalan algunas fuentes, "no hay grandes quejas" en medios materiales e informáticos, competencia que en este caso corresponde a la Xunta: "Hay comunidades donde los jueces ni siquiera tienen un ordenador portátil; o donde la implantación de Lexnet está muy retrasada".
El colectivo de los letrados de la Administración de Justicia también tiene sus reclamaciones. De hecho, están constituyendo las mesas de negociación en el marco del proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia. Si fracasa, no descartan medidas de conflicto. La cuestión retributiva es, como en el resto de colectivos, una de las planteadas. Por lo que perdieron por la crisis, pero también, señalan, por lo que se les prometió debido a las nuevas funciones que han tenido que asumir. "Tenemos una responsabilidad muy alta y nuestras retribuciones no se ajustan; estamos mal pagados en comparación con otros cuerpos similares, como abogados del Estado o inspectores de Hacienda", señalan las fuentes consultadas.
Algunas de sus peticiones están referidas a sus categorías. Critican que haya puestos de "libre designación", como las plazas del Tribunal Supremo, o lo "mal retribuidos" que están los letrados de tercera categoría, los de los juzgados mixtos de los pueblos. Otro tema que les preocupa es que se "abusa" de ellos a la hora de atribuirles labores que no les competen. "Por ejemplo, somos nosotros los que debemos enviar a diario a la Xunta la relación de funcionarios judiciales que hacen huelga", expresan. Y también critican que en realidad no tienen "una dirección efectiva" de los funcionarios.
