Mientras los juzgados de Vigo y del resto de Galicia siguen sumidos en una huelga de funcionarios que mañana cumple dos meses, ayer arrancaron, a nivel nacional, las movilizaciones de magistrados y fiscales para exigir una batería de mejoras en la Justicia, así como avances en sus condiciones profesionales y la recuperación del nivel salarial perdido debido a la crisis económica. Y en la urbe olívica el apoyo a las reivindicaciones fue masivo: medio centenar de profesionales -35 jueces y 14 fiscales-, prácticamente el 70% de los que ejercen en la ciudad olívica, asistieron a la concentración donde el juez decano, Germán Serrano, y la fiscal-jefe, Susana García-Baquero, leyeron el manifiesto que recoge las reclamaciones al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respaldadas de forma unánime por las siete asociaciones profesionales. "Se trata de una unidad histórica; es un clamor porque hay hartazgo", resumieron ambas autoridades judiciales viguesas al término del acto.

Las concentraciones se repitieron en las sedes judiciales de toda Galicia y el resto de España. En Vigo acudieron 35 de sus 47 magistrados -el 74%-, así como 14 de los 27 fiscales -el 52%-. La participación podría ser mayor, pero hubo profesionales que, apoyando la medida, no pudieron asistir al estar guardia o, como ocurrió con miembros del Ministerio Fiscal, en diligencias en otros juzgados del área viguesa.

"El apoyo fue muy alto", valoraban los asistentes. Y el acto de ayer, celebrado en la sala de juntas del viejo edificio judicial vigués, solo es el comienzo. El calendario de movilizaciones seguirá si antes no hay un acuerdo: entre las medidas previstas hay paros de una hora los jueves de cada semana durante un mes y, el 22 de mayo, un día de huelga. Esta última es excepcional en ambos colectivos. Hasta ahora, y en toda la Democracia, los magistrados solo convocaron tres huelgas, la última en 2013 en la época del ministro Alberto Ruíz Gallardón, un paro que en la urbe olívica fue seguido por un tercio de sus jueces y fiscales -en el caso de estos últimos, era la primera vez que secundaban una movilización así-.

El germen de esta protesta está en un documento suscrito en junio de 2017 por las cuatro asociaciones judiciales con "14 propuestas para la mejora de la Justicia" al que se adhirieron 3.500 magistrados y las tres asociaciones de fiscales. Pero transcurridos diez meses, el balance, afirman, ha sido "decepcionante". El calendario de "medidas de conflicto" se debe al "malestar y decepción" por el "reiterado incumplimiento de las promesas y compromisos adquiridos para la mejora de la Justicia".

"Ya se ha empezado a negociar con el ministerio y es preciso que haya pronto un acuerdo; hoy [por ayer] se demostró que existe unidad y estaremos a lo que se decida", afirmó el juez decano vigués, que considera fundamental reforzar la "imagen" de independencia judicial, el incremento de la planta judicial y un sistema informático de gestión unitario para toda España. También, dijo, que se les apliquen "las conquistas y mejoras" igual que al resto de la función pública en materia de "vacaciones, permisos, libranzas o permisos de paternidad", así como, en retribuciones, "la recuperación de la pérdida salarial de 2010, que en muchos casos alcanzó el 15%".

La fiscal-jefe suscribió estas peticiones y ahondó, en el caso de la carrera fiscal, en la "absoluta necesidad" de que se modifique el Estatuto del Ministerio Fiscal, que se les considere "organismo autónomo" o que se apruebe un reglamento que sustituya al actual, de 1956. García-Baquero y Serrano insistieron en que "no buscamos nada personal, corporativo o lucrativo". "Queremos que la Administración de Justicia funcione bien; medios adecuados, escenarios competentes y unidad en la implantación del expediente digital", resumió el juez-decano.

Todo estas reivindicaciones se llevaron a cabo mientras el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegura que no existe un conflicto y que los presupuestos del Estado para 2018 podrán calmar los ánimos en el sector.