La problemática no pasaría de ser anecdótica si fuese una huelga de escasas jornadas. Pero el paro de funcionarios judiciales cumple este sábado la friolera de dos meses. Una cuestión clave en todo conflicto de estas características son los servicios mínimos. Y es esta materia la que aborda una comunicación de la Xunta dirigida al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde expone unas "aclaraciones" al entender que no se están realizando todos aquellos trámites amparados por la orden publicada al inicio de la huelga para garantizar los servicios judiciales "esenciales". Una cuestión, la de "interpretar" cuáles son esas actuaciones urgentes de obligado cumplimiento y asegurarse de que se hagan, que el Gobierno autonómico dispone que es "competencia" de los letrados de la Administración de Justicia -secretarios judiciales-, aunque también "en última instancia" de los jueces.
El problema es que esa "interpretación" -discernir sobre todo en las materias más ambiguas qué trámites son urgentes y cuáles no- está generando serias "dudas" entre el colectivo de los secretarios judiciales. Ayer estos profesionales se reunieron en Vigo con el secretario coordinador de la provincia de Pontevedra, José Tronchoni. Y los graves efectos que el largo paro de funcionarios están acarreando fue uno de los temas abordados, junto a otros de distinta índole ajenos a la huelga.
"Una de las cuestiones que se trató es que la huelga, a punto de llegar a los dos meses, es ya preocupante; está empezando a generar un perjuicio importante y malestar en los profesionales y los ciudadanos; habrá juzgados que se resentirán más que otros", valoró a la salida de la reunión el secretario coordinador. Tronchoni también resaltó la inquietud existente en su colectivo en relación con los servicios mínimos. "Nos preocupa la situación de inseguridad que tenemos con la interpretación de las normas que regulan la huelga; se están dando criterios distintos según partidos judiciales e incluso entre juzgados de una misma ciudad", expuso.
Así, puso como ejemplo que en algunos tribunales ciertos "juicios rápidos" se consideran materia urgente y en otros no. Y lo mismo ocurre, dijo, con las incapacidades. Y las actuaciones que se hacen en el Registro Civil, especialmente las certificaciones, también plantean "dudas", "problemas de interpretación".
Concentración
A las puertas de la sala donde se reunían los secretarios judiciales se concentraron momentáneamente decenas de funcionarios, que rechazan realizar más servicios mínimos que los que hay desde que arrancó el paro. Varios delegados sindicales entraron unos minutos para saber si se iba a abordar la cuestión, si bien se les trasladó que no se iba a adoptar ninguna decisión al respecto.
Tronchoni reconoce que el reciente escrito de la Xunta "aclara" la orden, pero ha generado "más dudas" entre su colectivo, el de los funcionarios y el del resto de profesionales de la Justicia. A la espera de si la secretaria de Gobierno del TSXG, "superior jerárquica", emite alguna instrucción al respecto, el coordinador provincial señala que en todo caso cada letrado judicial, en su juzgado, puede establecer el criterio que interprete. Y advierte de que ellos no son los únicos competentes para decidir y acordar que se integra o no en los servicios mínimos: "También a los jueces, en lo que sea de su exclusiva competencia, le s corresponde esta cuestión".
