- La incorporación de los medios telemáticos a la Justicia también provoca críticas por parte de las asociaciones, ¿qué falla?

- La implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia es una necesidad perentoria, tanto por agilidad como por acercamiento al ciudadano. Es la Administración más atrasada en esta materia. Pero la digitalización requiere la asunción de que las tecnologías constituyen el instrumento para el mejor ejercicio de la función judicial. La tecnología debe servir para facilitar el desarrollo de la labor por todos, y, en particular, por el juez, de manera que todo lo que entorpezca esa tarea debe rechazarse. Y se requiere un proyecto que concrete los objetivos, suficientes medidos económicos y una actuación consensuada.

- ¿Qué deficiencias observan?

- Hace una semana se publicó un vídeo, elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que evidencia cómo el expediente digital del ámbito del Ministerio de Justicia ralentiza el trabajo del juez. Otro ejemplo es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ordenó transcribir las vistas de los juicios por las deficiencias en los soportes videográficos? O sea, tecnología sí, pero de forma inteligente y con medios que garanticen el correcto funcionamiento.

- ¿El escenario en Galicia?

- En Galicia la situación es distinta. Desde el principio se constituyó un grupo de trabajo en el seno de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, con presencia de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, técnicos y representantes de la Xunta. Se ha ido trabajando en silencio, sin prisas pero sin pausa. Los cambios siempre despiertan reticencias y queda mucho por hacer, pero se está en el camino correcto.

- ¿Y cuál es el resultado de las experiencias piloto?

-Las primeras se desarrollaron en la provincia de Pontevedra y ya hay órganos de Primera Instancia, Mercantil e Instrucción en Pontevedra y Vigo que funcionan en vía digital. Otros están comenzando a hacerlo. El paso siguiente será extender la implantación a Social y Contencioso-Administrativo. De hecho, el juez decano de Vigo ya inició gestiones para el orden Social.