La tramitación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha sufrido un revés que demorará sus plazos. El concurso público para la adjudicación de su redacción ha quedado desierto, según confirmó ayer la concejal de Urbanismo del gobierno olívico, María Xosé Caride.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas el pasado 20 de marzo, ninguna empresa ha optado al contrato, cuyo valor de adjudicación era de algo más de 1,4 millones de euros. Así lo ha informado la edil socialista a través de un comunicado.

Caride ha atribuido esta circunstancia a varios factores, "que van desde el precio del contrato a las dificultades del propio Plan", teniendo en cuenta que el último documento elaborado en la ciudad tuvo 60.000 alegaciones, o a un "escenario legislativo cambiante".

En todo caso, el gobierno municipal ha asegurado que tiene trazada "la hoja de ruta para continuar con el proceso de elaboración" de este documento. Informa de que el primer paso será establecer un contrato simplificado para un vuelo fotográfico que se realizará en junio y que "dará soporte a la revisión cartográfica". Los mapas municipales de los que se dispone en la actualidad datan de 2006.

Una vez examinadas las valoraciones económicas y adaptado el pliego a la nueva ley de contratos, se sacará de nuevo el concurso para la redacción del PXOM y la revisión de la cartografía, pero separados en dos lotes. De esta manera, las empresas que se presenten podrán optar a uno o a los dos, según les interese. La previsión del gobierno vigués es adjudicarlos en cuestión de meses y que las empresas a las que se los otorgue "puedan estar trabajando en septiembre de 2018".

Mientras tanto, el gobierno local asegura que "sigue trabajando en la ordenación provisional", que permitirá autorizar licencias sobre 23 millones de metros cuadrados.

Los trabajos incluidos en el pliego del concurso que acaba de quedar desierto comprendían tanto la actualización cartográfica -con la migración a un modelo de datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG) integrable en la base de datos del Concello- como la revisión del planeamiento. Entre la documentación que debía entregar la adjudicataria está un catálogo de elementos que, por singulares características o valores se considere conveniente conservar, mejorar o recuperar. También tenía que adjuntar las medidas necesarias para su protección, conservación y aprovechamiento social.

El Tribunal Supremo, en noviembre de 2015, invalidó el planeamiento de 2008 al concluir que hubo deficiencias por parte de la Xunta en la tramitación ambiental, con lo que recuperó el ordenamiento urbanístico vigués de 1993.