El cupo de visitantes que la Consellería de Medio Ambiente quiere implantar en la isla de Ons tendrá que esperar. La tramitación del Plan Rector de Usos e Xestión (PRUX) del Parque Nacional no estará aprobado antes del verano, por lo que la entrada en vigor del límite no se aplicaría hasta el año 2019. Pero el departamento autonómico avanza que habrá vigilancia para evitar imágenes como las del año pasado cuando se derivaron viajeros por la sobreventa de billetes a Cíes. "No habrá barra libre", trasladó la directora xeral de Patrimonio Natural, Ana Díaz, al alcalde de Bueu, Félix Juncal.

Consellería, Concello y la asociación vecinal de Ons se reunieron para abordar diversos asuntos, siendo el central que en las próximas semanas arrancará el proceso de exposición pública del PRUX para poder presentar alegaciones. Hay que precisar que el trámite que se efectuó entre noviembre y diciembre de 2017 fue de participación pública, destinado a que administraciones, colectivos y agentes sociales directamente implicados presentasen sugerencias y ahora será el turno del público en general.

Medio Ambiente se comprometió a establecer un límite de visitantes de 1.800 diarios y ayer aclaró que los isleños quedarán fuera del cupo que se establezca para poder viajar libremente a la isla. El edil de Medio Ambiente, Adrián Ferrer, y la presidenta de la asociación vecinal, María Jesús Acuña, piden que esta medida "se aplique al núcleo familiar más cercano".

Las gestiones sobre Ons se producen apenas unas horas después de que la Fiscalía del área de Vigo anunciase la querella contra tres navieras al advertir indicios de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Las tres compañías en las que se advierten irregularidades son Mar de Ons S.L., Nabia (Illa de Ons S.L.) y Tours Rías Baixas S.L., multadas ya por la Xunta con 930.000 euros. Aunque en un primer momento estaba previsto que ayer valorasen la conclusión de la investigación, finalmente decidieron mantener silencio a la espera de la decisión del juzgado de guardia que debe decidir si inicia una instrucción.

El Ministerio Público en el mismo decreto acuerda el archivo de diligencias contra la Naviera Rías Gallegas S.L. y Cruceros Rías Baixas. Menciona también a Bahía Sub, cuyos responsables fueron a prestar declaración por estar autorizada también para realizar viajes, pero la firma señala que es la única contra la que no hubo denuncia en ningún momento y que se limitaron a colaborar como testigos.