La huelga de funcionarios judiciales ha cumplido ya cinco semanas. Y la desesperación por el escenario de parálisis que se vive en la inmensa mayoría de juzgados vigueses ha cundido ya con fuerza en todos los profesionales: jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales), abogados o procuradores. "Todo está parado, la cadena está rota por todos lados; nadie se imaginaba que esto se iba a prolongar tanto y lo peor es que aún no se ve la salida", resumía ayer una magistrada. Igual que en los tribunales, la actividad se ha visto reducida al mínimo en la Fiscalía. La fiscal jefe viguesa, Susana García-Baquero, no duda en calificar de "muy preocupante" la situación que se vive desde que el 7 de febrero arrancó el paro. Y una de las cuestiones en las que incide es en el "gran temor" que existe en relación con los plazos de las instrucciones judiciales. Aunque se está extremando el control sobre esta cuestión, advierte de que hay riesgo de que caduquen causas. "Espero que eso no ocurra, estamos poniendo todos los mecanismos para evitarlo, pero si las diligencias están paralizadas, como lo están ahora, es algo que perfectamente puede ocurrir", afirma.
Los plazos en las investigaciones judiciales se impusieron en una reforma penal que entró en vigor en diciembre de 2015. La existencia de un período máximo ordinario de seis meses para las instrucciones obliga a juzgados y Fiscalía a una permanente y exhaustiva labor de control para, en aquellos casos que no de tiempo a cumplimentar las diligencias en ese medio año, solicitar una ampliación del plazo o su declaración de complejidad. Hay que evitar que caduquen.
El problema es que desde que arrancó el paro la mayoría de las causas penales están "paralizadas". "Por ahora no tengo constancia de que se haya pasado el plazo en ningún caso, pero existe preocupación, mucho temor, a que eso pueda ocurrir", señala García-Baquero, que también muestra su inquietad por el efecto que la huelga puede tener sobre la ejecución de las resoluciones judiciales. "Las sentencias deben ejecutarse de forma inmediata", dice.
La huelga ha provocado que de forma general en la Fiscalía esté parada la tramitación ordinaria de los asuntos, con la excepción de las causas con preso y aquellos trámites urgentes considerados también servicios mínimos. Una situación que se reproduce asimismo en la gran mayoría de los juzgados. En los de lo Contencioso-Administrativo, los que llevan los pleitos contra la Administración, no se celebró ni un solo juicio desde que empezó el paro. En Primera Instancia, aunque alguna sala celebra vistas, la mayoría están paradas. Y no son pocas en las que el 100% de la plantilla sigue sin acudir a trabajar a día de hoy. Solo van los funcionarios obligados por los servicios mínimos. "Ya hemos dejado de señalar juicios; ¿para qué? ¿para suspenderlos? No sabemos cuánto va a durar esto", afirman en una sala civil cuya agenda está libre de vistas a partir del 20 de abril.
La situación no está mucho mejor en los juzgados laborales. Uno de ellos es el que ha tenido que retrasar juicios para 2019. En otro no les falta mucho, ya que los últimos que suspendieron ya los han dejado para noviembre. Y en el Mercantil, en relación por ejemplo con los concursos de acreedores, solo pudieron tramitar la declaración de una única empresa desde el 7 de febrero.
Se trata de un auto de este pasado 27 de febrero en el que se declara en concurso y se abre la fase de liquidación en relación con la sociedad Promociones Hermanos Lorenzo Costas, con sede social en la urbe olívica.
Solución
La actividad es mayor en el ámbito penal, algo que también viene motivado por el hecho de que tienen unos servicios mínimos mucho más amplios que en otras jurisdicciones. Esto es evidente en el juzgado de guardia o en el de Violencia sobre la Mujer. Ya en general en las salas de Instrucción, aunque se han ido incorporando algunos trabajadores que permiten a varias salas celebrar juicios o tomas de declaraciones, la actividad en la mayoría está muy parada. Algo que provoca que, cuando la huelga finalice, llevará "un tiempo" que la maquinaria judicial recupere el ritmo. "Respetamos el derecho de huelga, pero la situación es desesperante, es necesaria una solución", coincidían ayer varios magistrados.
