Uno de los mejores indicadores de la crisis en el ámbito judicial es el de las empresas que se vieron abocadas a entrar en concurso de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil de Vigo se puso en funcionamiento el 30 de diciembre de 2009, en plena recesión. Desde entonces y hasta ahora registró 520 procesos concursales: el año más negro fue 2012, cuando se superó, por única vez, la barrera del centenar de procedimientos. Desde entonces, el volumen de casos fue cayendo en picado hasta los 28 de todo 2017, la cifra más baja desde que se creó el tribunal. Pero, ¿cuál ha sido la evolución de estos asuntos? En total la sala contabilizó 520 concursos, de los que 373 están cerrados y resueltos. Pero casi 150, el 30%, siguen vivos y la mayoría en fase de liquidación. ¿Los motivos? La dificultad de vender los bienes y derechos de estas sociedades, el enorme volumen de propiedades en juego o el hecho de que haya procesos judiciales paralelos que afectan de lleno al concurso son algunas claves que explican esta situación.
Son 147 los concursos a día de hoy abiertos en el juzgado vigués. De ellos, 120 -el 80%- están en la fase de liquidación, lo que conlleva la disolución de la sociedad. Otras 21 empresas se encuentran en fase de convenio, con el fin de alcanzar un acuerdo con los acreedores y seguir adelante. Y los seis casos restantes son declaraciones de concurso recientes en las que la sala aún está con los trámites iniciales.
Algunos concursos se eternizan. Nueve de los casos abiertos son procesos declarados en 2010, en el primer año del juzgado. Uno de ellos es el de la antigua conservera Bernardo Alfageme, que durante este largo período fue vendiendo o subastando sus marcas y bienes, entre ellos la factoría de Bouzas, adjudicada por 11,2 millones de euros a tres bancos.
Pero no siempre, como fue el caso de la conservera o de promotoras como Promalar o Mario Puentes, el motivo de que el proceso se haya alargado en el tiempo es la existencia de un numeroso y millonario patrimonio que liquidar. "Muchas veces hay dificultades para vender propiedades, participaciones en sociedades...", afirma Jaime Carrera, abogado y administrador concursal.
Otro motivo es que muchas veces la empresa en concurso está pendiente a su vez de que le abonen cuantías que le deben. "Son deudas que suelen estar judicializadas y hay que esperar a cobrarlas", ahonda este profesional.
En esta misma cuestión incide Tomás Santodomingo, otro letrado que ejerce con frecuencia como administrador concursal. La solución que este jurista ve más idónea cuando hay cobros pendientes que se van a demorar es pedir el cierre del concurso y su reapertura cuando la cuestión se solucione. "Lo ideal es que un proceso de liquidación no se prolongue más allá de uno o dos años; lo que dice la ley es que debe cerrarse en un año y que transcurrido ese plazo cualquier interesado puede solicitar que se remueva al administrador, tras lo cual habría una vista para que se justifique el porqué de la dilación ", explica.
Casos recientes en fase de liquidación son el de la adjudicataria del Auditorio Mar de Vigo, Pazo de Congresos; la firma deportiva Naffta o la APEC, la patronal de la construcción de Pontevedra.