La huelga que mantiene paralizadas más de 2.000 demandas y escritos en los juzgados de Vigo no solo la representan imágenes de oficinas vacías, expedientes sin tramitar que se acumulan en las mesas y carteles que anuncian la suspensión de los señalamientos. Las cifras de seguimiento también hablan por si mismas: el 95% del funcionariado vigués -más de 370 personas- secundó el paro judicial durante los nueve días desde su inicio y las pegatinas de "Servicios Mínimos" cuelgan en la mayoría de los 92 trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo. "Aguantar, aguantar y aguantar; malo será que no tengamos para comer", fue la consigna que los sindicatos transmitieron en la última reunión en el salón del Colegio de Abogados a los funcionarios. Y es que cada día de paro pierden entre 60 y 80 euros de su sueldo.

Esta circunstancia provocó que a pesar de apoyar prácticamente el 100% del funcionariado judicial estas reivindicaciones, no todos puedan sumarse a la huelga. "Más quisiera yo que estar ahí con mis compañeros; los apoyo totalmente pero por motivos personales no podemos dejar nuestro puesto de trabajo", sostenía una de los 21 funcionarios que sin ser servicios mínimos, continúan con sus ocupaciones. Acudió, al igual que otros trabajadores, a las manifestaciones que recorrieron el centro de Vigo pero "no puede" permitirse perder parte de su salario. "Vamos siempre a todas las concentraciones, pero hasta ahí", apunta esta trabajadora.

Como ella, funcionarios de otra sala admiten que determinados motivos económicos no les permiten apoyar en la huelga a sus compañeros. "Participé en las dos jornadas de parón pero tengo créditos que pagar y un alquiler, no me puedo permitir una huelga", lamenta otra trabajadora que hace hincapié en mostrar su apoyo a las reivindicaciones. "Me parece una lucha justa", sostiene.

Estas coyunturas económicas o personales no son las únicas razones que llevan a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones diarias. Un trabajador destacó su diferencia con los sindicatos a la hora de plantear sus demandas. "No estoy de acuerdo con ellos", lamenta. La principal reivindicación de los trabajadores pasa por la "discriminación" salarial que aseguran sufrir con respecto al resto de comunidades. Actualmente reciben un 22% menos por el plus autonómico que la media de las doce comunidades que tienen transferidas las competencias en este apartado. Con la oferta que les ha realizado el Ejecutivo gallego, esa diferencia se recorta, pero aún es un 8,8% inferior.

Por su parte, la actividad ayer seguía reducida a lo que obligan los servicios mínimos, sin embargo varios juzgados celebraron comparecencias, como fue el caso el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, que tomó declaración a 8 afectados de una causa con preso. El lunes los piquetes sindicales volverán a las dependencias de la calle Lalín tras visitar ayer los juzgados de Moaña, Cangas, Porriño, Ponteareas, Tui y Redondela. Entre los actos programados, tendrá lugar una nueva asamblea presidida en este caso por la diputada de En Marea en el Congreso Alexandra Fernández.