Los tribunales dan por buena la actuación de la Administración Local para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la licencia de actividad del apartotel de Samil que estaba siendo usado como vivienda colectiva. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo acaba de declarar "conforme al ordenamiento jurídico" la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de septiembre de 2014 que desestimó el recurso de los propietarios y ratificó la orden de desalojo de los 178 apartamentos hasta que no lograran licencia para funcionar como establecimiento hotelero.
Tras recibir varias denuncias y comprobar en sucesivas inspecciones que algunos de los apartamentos seguían ocupados por familias particulares, el gobierno local requirió en 2013 a todos los propietarios "cesar" en el uso de las instalaciones hasta que se adaptasen a la nueva licencia urbanística concedida en diciembre de 2012 y tramitasen un permiso de actividad, apertura o funcionamiento para la nueva instalación hotelera.
Meses después la Junta Directiva acordó recurrir primero en vía administrativa y luego judicialmente esa resolución de desalojo alegando que la normativa autonómica había suprimido con carácter general la necesidad de obtención de ese permiso específico y que además se había producido indefensión por la falta de trámite de audiencia en el procedimiento.
Pero estos argumentos quedan ahora invalidados al ratificar un juez que no hubo tal indefensión y que el uso del complejo "no es factible hasta que no se conceda licencia de funcionamiento". Los propietarios se han interesado por los trámites, apuntan fuentes municipales, pero hasta ahora no han solicitado la licencia para materializar el cambio de uso de los apartamentos.
El recurso presentado por los dueños hace ahora tres años fue el último intento para continuar en el interior de los edificios ubicados en la avenida de Samil 61 y 63 y que se encuentran oficialmente vacíos. La nueva sentencia del juzgado vigués con fecha de 9 de enero reitera la vigencia de la orden de desalojo ya que entiende que el Concello "reaccionó de la manera contemplada por el ordenamiento jurídico tras comprobar que varios apartamentos estaban siendo utilizados".
Al amparo del nuevo Plan Xeral, el Concello de Vigo acordó en diciembre de 2012 otorgarle licencia municipal de legalización al inmueble sobre el que pesaba una orden de derribo con la condición de que pasara a estar compuesto por un sótano con 200 aparcamientos, otra planta de sótano con 125 plazas, una planta baja para accesos, servicios comunes y locales y tres bloques de cinco plantas cada uno para "178 apartamentos turísticos". La propia resolución prohibía el cambio de destino de la edificación, pero tras diversas denuncias e inspecciones municipales, se emitió la orden de desalojo después recurrida para garantizar que no se utilizaban estos pisos de forma irregular mientras no se legalizasen como establecimiento hotelero.
El fallo del Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo concluye además que no se ha producido la pretendida indefensión que alegan los demandantes "toda vez que tanto en sede de recurso de reposición como en vía jurisdiccional, la Asociación de Vecinos Samil 61-63 ha podido exponer los motivos y argumentaciones que ha estimado". El fallo también se pronuncia sobre la queja manifestada en la demanda de que no se dio traslado a este colectivo del recurso de reposición que la empresa presentó frente a la nueva licencia de diciembre de 2012. Contra esta sentencia se puede interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días.
