Con el inicio de la huelga indefinida este 7 de febrero la Xunta ampliaba de forma notoria los servicios mínimos con respecto a los paros parciales que se habían convocado en diciembre y enero. Pero un servicio se quedó fuera de este decreto. Se trata de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Asistencia a la Víctima. Y la de Vigo permanece cerrada desde que arrancó el conflicto. No abrió sus puertas ni un solo día. La razón es que sus tres trabajadoras están secundando la huelga.
Por esta oficina suelen pasar a diario decenas de personas. Ciudadanos en busca de información o ayuda para trámites judiciales. Víctimas de delitos que no saben cómo enfrentarse a la situación que atraviesan y que reciben asesoramiento en relación con el proceso, así como sobre ayudas y organismos a los que pueden acudir. "Es inaudito que no se hayan contemplado servicios mínimos para un servicio tan importante, existiendo como existe un estatuto de las víctimas aprobado en 2015; que la Xunta se haya olvidado no es de recibo", consideraban ayer varios funcionarios.
