"Por prudencia contable", los 360.000 euros que suman las multas a Audasa figuran en la administración portuaria bajo el epígrafe de las provisiones. "No lo computamos como ingresos al estar pendiente de sentencia. Podemos ganar o perder", admiten desde su asesoría. Los responsables de este departamento aseguran que la verdadera finalidad de estos procedimientos sancionadores "es corregir conductas infractoras, no la recaudación de un dinero extra".

Estas buenas intenciones no hacen ninguna mella en la polémica concesionaria. En su recurso ante el Contencioso argumenta que la concesión otorgada por el Estado para construir la autopista le da derecho a obviar cualquier otra autorización, mientras que el abogado del Puerto mantiene que incluso antes de Ley de Puertos de 2011 ya estaría obligada a tener un título de concesión o autorización portuaria.

Desde Praza da Estrela vuelven a referir el caso de las mejilloneras. "La batea antes de la desafectación pagaba y eso que estaba de forma provisional, pero el puente de Rande estará de por vida", exponen. Cosa distinta ocurriría, indican, si la autopista fuese libre, gratuita, de Fomento o de la Xunta, porque entonces podría contemplarse la fórmula de un convenio para eximirles de las tasas. "Pero entretanto, Rande ocupa terrenos y genera una actividad económica importante. Así que deben pagar como hacen el resto de empresas", defienden los asesores portuarios.