Más de 80 juicios suspendidos, tomas de declaraciones aplazadas, el correo parado, demandas sin tramitar... El listado es interminable. La huelga indefinida que comenzó ayer en los juzgados de Vigo, y en los del resto de Galicia, arrancó de forma contundente. El masivo seguimiento por parte de los funcionarios judiciales, que los sindicatos cifran en un 95%, paralizó la actividad. Salvo contadas excepciones, no se hizo ni un solo trámite más que los fijados en los servicios mínimos, que en la urbe olívica obligaron a trabajar a 92 funcionarios, el 25% de una plantilla que supera los 370 trabajadores. A mayores, solo acudieron a su puesto otras 22 personas.

"Estamos de servicios mínimos, vuelva usted otro día", fue la respuesta que escucharon innumerables ciudadanos y profesionales como abogados o procuradores. Si la situación se prolonga y sigue con esta intensidad, los tribunales se verán inmersos en un caos sin precedentes que agravará el colapso de muchas salas. Las consecuencias ya se hacen notar. Algunas vistas suspendidas ayer no se podrán celebrar hasta finales de abril.

"Dejo esto aquí... para cuando acabe la huelga", decían en un juzgado en relación con un escrito para tramitar que se depositó en la mesa de un funcionario. Y es que no se hizo nada más que lo que mandan los servicios mínimos. Eso permitió que se mantuviese una relativa normalidad en el juzgado de guardia y en el de Violencia sobre la Mujer. Pero en el resto la actividad se redujo al mínimo. Solo en un juzgado Penal se celebraron los juicios previstos. Los otros dos de esta materia suspendieron las vistas, aunque uno de ellos pudo cerrar una condena de conformidad, proceso que, debido a las circunstancias, tuvo lugar en la oficina y no en la sala de vistas. No hubo juicios de lo Contencioso-Administrativo ni tampoco en Primera Instancia. Tampoco en el Mercantil. En Instrucción solo de delitos leves inmediatos. Y en Social, de los 34 previstos, salieron adelante tres, dos por ser materia urgente contemplada en el decreto de la Xunta y uno más al haber una conciliación.

La mayoría de tomas de declaración se aplazaron. También las videoconferencias. Abogados que iban a consultar pleitos recibieron como respuesta que no podía ser y el correo con notificaciones está parado. "Lo único que estamos haciendo son poderes en los que el plazo se está agotando", afirmaba una funcionaria de civil. "El correo no saldrá y me mandaron ordenar el archivo, pero no lo voy a tocar, eso no es servicios mínimos", añadía.

El paro, que supone para cada funcionario la pérdida de entre 60 y 80 euros diarios de su sueldo, motivó que la oficina de atención al ciudadano y a la víctima no abriese al estar todo su personal de huelga. A la manifestación convocada por los sindicatos asistieron más de un centenar de funcionarios. El mensaje fue claro: "No nos van a parar". La Xunta cifró el seguimiento en la provincia de Pontevedra en un 39%.