La industria pesquera viguesa teme que el colapso del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) se extienda también a los puertos desde los que envía el pescado congelado por la nueva normativa europea que obligará a revisar unas 300.00 toneladas más al año procedentes de terceros países.

Lo constató ayer la Cooperativa de Armadores de Vigo en una reunión con los principales asociados afectados, entre los que cunde el pánico por la posibilidad de sufrir retrasos o la paralización de la mercancía a partir del próximo 1 de julio. Por este motivo, a través de la patronal europea Europêche, pedirán explicaciones a la Comisión Europea (CE) ante la falta de "seguridad jurídica". Enviarán una misiva en la que harán ver su "preocupación especial" por la materia y la necesidad de informar correctamente a las autoridades de los países no comunitarios.

Desde Europêche -con apoyo de ARVI y la patronal española Cepesca- ya mostraron sus dudas el pasado diciembre sobre esta normativa, antes de la publicación del reglamento (625/2017) en el diario oficial europeo. Ahora, a falta de seis meses de la entrada en vigor, los armadores albergan un mar de dudas y preocupa que los países donde habitualmente transbordan no acepten esta regulación o que no puedan cumplirla por falta de medios. Preguntan entonces qué mecanismos se van a aplicar por parte de la Comisión si algo falla.

Los armadores buscan asegurar que todo esté preparado para cuando entre en vigor el reglamento. No en vano, ya informaron a Bruselas de que la flota comunitaria realiza los transbordos en 28 países diferentes. En el caso de la flota gallega, los principales son Uruguay, Namibia, Sudáfrica, Malvinas, Cabo Verde o Perú.

Por otro lado, tras la reunión de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Merluza ayer en ARVI, se acordó recabar datos para su entrega al Ministerio de Sanidad con la esperanza de que se refuerce el PIF del puerto y no se agrave el colapso denunciado por el sector. "Lo haremos; ellos se han comprometido", apunta el gerente de ARVI, José Antonio_Suárez-Llanos.

Transitarios

Para el colectivo profesional con una vinculación más directa con el PIF por encargarse de toda la gestión administrativa aparejada al movimiento de mercancías en las terminales, los transitarios, la nueva normativa de Bruselas complicará "mucho" la situación actual del puesto inspector del Puerto de Vigo al generar un volumen extra de contenedores que, vaticinan, "será incapaz de asumir".

El presidente en Galicia de la patronal Ateia, Juan Uhía, asegura que la información recibida hasta la fecha sobre los nuevos procedimientos a aplicar desde julio ha sido "inconcreta". "Se nos dijo que el 90% de esas partidas iban a recibir controles documentales y que solo un porcentaje muy pequeño de los contenedores pasaría la revisión física. Pero no tenemos claro qué pasará si por ejemplo hay problemas con certificados del país de procedencia o cómo actuar si se rechaza un contenedor", apunta como principales dudas.

Aparte de los problemas denunciados sobre las cortapisas que ponen los funcionarios de Guixar a las importaciones, lo que ha llevado a muchas empresas a introducir sus contenedores por Leixões (Portugal), Uhía añade la congestión que sufre este puesto en épocas de gran actividad, como Navidades y verano. "Incluso aunque sean controles documentales, con la entrada a mayores de 300.000 toneladas al año, el colapso del PIF está garantizado", alerta.

El portavoz de los transitarios recalca que el argumento de Bruselas para justificar la normativa, el refuerzo de la seguridad alimentaria, "nadie lo discute, todos lo compartimos". Sin embargo discrepa de que se pretenda ese objetivo "a costa de más trámites". "Con más papeleo se cargarán el mercado de aquí", advirtió. Para el gremio representado por Uhía, España está obligada a presionar, en alianza con otros países, para que Bruselas se replantee una decisión de consecuencias "especialmente drástica" para la competitividad del tejido empresarial vigués.