La calidad del agua de la traída en Vigo se ha convertido en el principal motivo de enfrentamiento entre gobierno y oposición centrando el grueso del debate durante el primer Pleno de 2018. Las discrepancias entre las analíticas realizadas por Aqualia y las de la Consellería de Sanidade son ahora mismo el mayor punto de fricción entre socialistas y populares, que ayer amenazaron con llevar el caso a los tribunales si no se actúa con transparencia. Sin embargo, pese a la acalorada discusión, ambos grupos se pusieron de acuerdo para instar a la Xunta a construir el trasvase desde el Verdugo a la red de abastecimiento del área de Vigo para garantizar el suministro frente a nuevos episodios de sequía. "La obra es necesaria e imprescindible porque es legal y no tiene daño ambiental", apunta la moción defendida por el concejal de Fomento, David Regades, y respaldada por la bancada del PP. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de que el proyecto se ejecute por la vía de urgencia, acortando los plazos ordinarios, en lugar de por la vía de emergencia que se había pactado inicialmente entre el Concello y la Consellería de Medio Ambiente.
El PSOE denunció el retraso sin justificación de la obra que costeará en un 80% el Concello -4,8 millones- y en un 20% la Xunta -1,2 millones- y responsabilizó a Feijóo "de todo lo que pueda suceder" por no acometer una infraestructura que se solicitó por primera vez en 2008. "El cambio climático llegó para quedarse y no ha desaparecido la necesidad de esta obra. Nada nos garantiza que no tengamos problemas el próximo otoño", insistió Regades respecto a la necesidad de recurrir a la vía de urgencia pues, la ordinaria, según sus cálculos, podría "alargar los plazos hasta 660 días". "¿Qué pasaría si el próximo año hay de nuevo un episodio severo de sequía?", inquirió a los populares, que garantizaron la ejecución de la obra.
Fue la edil Teresa Egerique la encargada de anunciar el respaldo de su grupo al trasvase recortando los plazos administrativos, aunque aprovechó para recordar la abstención de los socialistas en el pleno del Parlamento ante una moción del BNG contraria a esta actuación. "Se están enmendando a sí mismos. Intentan lavarse la cara aquí de lo que hacen en Santiago", denunció la popular, que responsabilizó al gobierno vigués del retraso en el inicio de los trabajos por haber tardado "un mes" en firmar el convenio propuesto por Augas de Galicia para ejecutar la obra, extremo negado por Regades, que comprometió financiación inmediata.
El PP respaldó su moción, pero incidiendo en que el escenario ha cambiado respecto a otoño y dejando claro que, a su juicio, "el problema actual del agua en Vigo no es de cantidad -tras la recuperación de los embalses con las lluvias-, sino de calidad", aludiendo a irregularidades en las analíticas, que centraron una segunda moción sobre el abastecimiento presentada por ellos.
Marea lamentó la "política demagógica" que Concello y Xunta harían del agua y se opuso a la tramitación urgente del trasvase por entender que debe ser una decisión "técnica" y no política. Antes de ejecutar la obra, Rubén Pérez advirtió que el Concello tiene que ser capaz de eliminar "el 20% del agua que se pierde en las fugas" e implantar una tarificación por consumo real. "En Vigo no existe cultura de ahorro porque la concesionaria impone un cupo mínimo", denunció el portavoz de la coalición.
Método de control
El debate sobre el trasvase transcurrió con normalidad, pero los ánimos se encendieron al debatir sobre los controles de calidad del agua en el municipio. La mayoría del PSOE les permitió bloquear la petición del PP respaldada por Marea de hacer públicas todas las analíticas realizadas por Aqualia, explicar los métodos de control empleados y exigir su publicación en la web de la concesionaria. Elena Muñoz denunció que de las 772 pruebas realizadas en diciembre, "solo se le habían entregado 271". "Faltan 500 que ocultan para ocultar irregularidades", espetó a Regades y al conjunto del gobierno local, al que acusó de estar "sobrepasando los límites de la decencia y de la legalidad. Esto acabará en los tribunales", avanzó la portavoz popular.
Logró el respaldo de Marea, cuyo edil, Xosé L. Jácome, instó a un cuerdo entre las dos administradciones para resolver un problema histórico "de factura e infraestructuras" que, advirtió, no se resolverá con medidas urgentes, sino con mejoras en la red, la potabilizadora y el embalse.
El gobierno local desmintió a Muñoz asegurando que la oposición "tiene información completa" de las analíticas atribuyendo las advertencias del PP y del delegado autonómico "a una estrategia para crear alarma social". "Es puro teatro y confusión política. Todo se hace conforme a la ley y el agua siempre ha sido apta para consumo", insistió el responsable de Fomento.
