Un "alto, evidente y claro riesgo de fuga". La titular del Juzgado de lo Penal 3 de Vigo ha tenido en cuenta esta circunstancia para decretar el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Fernando G.M., administrador de Darzal y el empresario que ha recibido la mayor pena en el caso de la trama de Las 5 jotas. Sentenciado esta misma semana a 26 años y medio de cárcel por 9 delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, la juez adoptó esta decisión tras una vista celebrada ayer mismo a petición del fiscal, que, junto al abogado de la Agencia Tributaria, interesó este ingreso inmediato en el penal.

La magistrada da a Fernando G.M. un plazo de 48 horas para entrar voluntariamente en A Lama. De no hacerlo, se ordenará "su inmediata detención". Se trata del primer empresario condenado en esta trama -fueron sentenciados en torno a un centenar- para el que se decreta la medida pese a que la sentencia aún no es firme. De hecho, su defensa presentará recurso contra esta resolución y contra el auto de prisión dictado ayer mismo. Precisamente, en el marco de esta causa, el cabecilla, José Manuel Costas Estévez, jefe de Las 5 Jotas, se fugó hace un año y medio, desconociéndose a día de hoy su paradero y eludiendo así su entrada en el penal. Y contra otro empresario del mismo caso se llegó también a dictar una orden de busca y captura.

En la vista de ayer la defensa de Fernando G.M. se opuso a la prisión y, de forma subsidiaria, pidió que se le retirase el pasaporte y que se le impusiesen comparecencias en los juzgados. Pero la juez atendió a la petición de las acusaciones. "El riesgo de fuga y sustracción a la justicia es evidente a la vista tanto de la entidad y número de delitos que son objeto de condena, como por las penas impuestas", dice. Además de los 26 años y medio de cárcel, las multas y la responsabilidad civil ascienden a más de 6 millones de euros.

Pese al "arraigo" familiar, empresarial y domiciliario, la magistrada ve peligro de fuga por las altas penas y la "disponibilidad económica" del condenado, que provocan que tenga "facilidad" para "acudir al extranjero" y "sustraerse así de la Justicia española".