El profesorado de la enseñanza pública de la provincia de Pontevedra se sumó ayer al rechazo a la propuesta de nueva zonificación escolar en Vigo que Educación ha puesto sobre la mesa. Piden su paralización y que se consensúe un documento "justo y explícito, que facilite la escolarización en los centros públicos, asegure la igualdad de oportunidades y la continuidad de los puestos docentes". Así lo trasladó ayer el órgano que lo representa, la Junta de Personal Docente, que se concentró ante la jefatura territorial de esta consellería pidiendo "diálogo". Se suma a la movilización convocada por Foanpas, mañana, a las 19 horas, en la farola de Urzáiz.

Los docentes reprochan a Educación que todavía no les haya facilitado el borrador del nuevo mapa escolar para poder hacer sus alegaciones, incumpliendo el compromiso de entregárselo en el primer trimestre. Han tenido acceso a él de forma "oficiosa" y no les convence.

La junta -integrada por CIG-Ensino, Comisiones Obreras, ANPE, FETE-UGT y STEG- pide que el nuevo mapa "considere la desigual distribución del alumnado y de los centros" al objeto de "corregir y minimizar los defectos estructurales existentes", mediante "servicios complementarios igualitarios".

Recuerda que la elaboración de la nueva zonificación en Pontevedra fue "mejor", con mayor implicación de la comunidad educativa. Teniendo en Vigo una realidad "más complicada", entiende que también debería haber "más diálogo". Opinan que hay que escuchar "desde un inicio" a las partes afectadas y "partir de la realidad y de las edades obligatorias" para obtener un "documento transparente, "estableciendo unos criterios justos y equitativos" como el de proximidad, .

A menos de un mes de que empiece el proceso de inscripción, los docentes creen que ya es tarde para poner la nueva zonificación en marcha el próximo curso. Educación no ofrece una fecha para activarlo. "Ahora lo importante es trabajar -como ya se está haciendo- sobre esta propuesta, dando prioridad al diálogo y al consenso", responde.

Por otra parte, los representantes de los trabajadores censuran la "reducción" de la plantilla en los centros públicos "en los últimos años" y la "falta de capacidad negociadora".