El Parlamento de Galicia ha rechazado, con los votos en contra del grupo mayoritario del PPdeG y los votos afirmativos del conjunto de la oposición, una moción del BNG por la que se establecían una serie de medidas para mitigar el impacto de las obras de la autopista AP-9 en la zona del puente de Rande y ciertas cuestiones adicionales relacionadas con esta infraestructura.

No obstante, sí se ha aprobado por unanimidad uno de los puntos incluidos en el texto, por el que se insta al Gobierno del Estado a hacer las modificaciones legislativas necesarias para eliminar los privilegios fiscales de los que goza la concesionaria. Esta iniciativa planteaba también que el Gobierno gallego apoyase el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional para levantar el veto al debate de la transferencia de la AP-9 en el Congreso de los Diputados, así como que demandase al Ejecutivo central la no autorización de la subida de los peajes prevista con la entrada de 2018 y la renegociación de los convenios que la rigen.

Entre las disposiciones de esta moción también estaba la búsqueda de acuerdos para el abaratamiento de los peajes y la creación de bonificaciones para usuarios a cargos tanto de la Xunta como del Estado, junto con la reclamación al Gobierno central de la retirada de las exenciones de impuestos de las que goza la concesionaria.

No obstante, la parte esencial de la propuesta se centraba en exigirle al Ministerio de Fomento un plan de actuación que compensase el impacto negativo de las obras en las zonas más afectadas, mediante actuaciones como la reposición de bienes y servicios y mejoras en infraestructuras y accesibilidad.

Por último, la iniciativa contemplaba la elaboración de un estudio en 2018 acerca de los beneficios generados por la autopista al Estado desde el inicio de la concesión, las medidas a tomar para corregir sus externalidades negativas o el análisis de los costes de su transferencia a Galicia. A este último punto se ha añadido una enmienda del PSdeG que pretendía que el Gobierno de España asumiese los costes de las últimas obras de ampliación y asumiese la repercusión de los mismos sobre los peajes, así como cuestiones menores relacionadas con las zonas del entorno de Vigo más afectadas.

El diputada del BNG encargado de defender la moción, Luis Bará, ha declarado que la historia de la AP-9 es "la historia de un expolio, de un saqueo, de un robo legalizado" y "favorecido por los gobiernos del Estado" de "todos los colores". Bará ha tachado de "absolutamente escandaloso" el margen de beneficios de la concesionaria, que, para más inri, paga su impuesto de sociedades en Madrid, por lo que los réditos de la autopista repercuten en el Estado y no en Galicia.

Es por ello que ha denunciado que tanto la concesionaria como el Estado "actúan como vampiros que le chupan la sangre a este país" y "no pasa nada porque el capital corsario -en alusión a uno de los socios de Audasa- tiene patente de corso gracias al PP", que se decanta por el lado de la "rapiña" en vez de por la "justicia" para los gallegos.

Apoyo de toda la oposición

La propuesta de la formación nacionalista ha obtenido el respaldo del resto de fuerzas de la oposición, pero ha chocado de frente con la voluntad del grupo mayoritario, cuyo diputado Martín Fernández Prado ha criticado que dicho texto hace gala de "mucha demagogia". Fernández Prado ha señalado que "hay que cumplir" los contratos firmados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la gestión de la AP-9 y que, en todo caso, se trata de "una autopista de competencia estatal".

"No nos gustan los peajes, pero no hacemos demagogia con ellos", ha sentenciado, antes de afear también el cambio de parecer del BNG después de "40 años en contra de la autopista" para ahora convertirse en "los máximos adalides" de su transferencia. "Ahora que no gobiernan, a montar ruido", le ha espetado el portavoz popular a la bancada nacionalista, que ha censurado que estuviesen callados cuando el bipartito subía los peajes y asumía gastos para sufragar un peaje de titularidad estatal.