En los últimos años cuatro investigaciones judiciales sacudieron al gobierno vigués y la lupa judicial también se puso sobre instituciones como la Delegación de la Xunta en Vigo, la Autoridad Portuaria o la Diputación Provincial de Pontevedra. Políticos, funcionarios y empresarios engrosaron una larga lista de imputados por supuestos casos de corrupción y prevaricación, por contratos públicos millonarios presuntamente amañados. Sin embargo, estos procedimientos que aventuraban un voluminoso desfile de personalidades por las dependencias de la calle Lalín de cara a juicio se han ido desinflando hasta el punto de continuar solo dos abiertos, con un número muy reducido de investigados en relación a sus inicios. Y sin figurar en ellos ningún político en activo. Rafael Louzán, que permanece en le Operación Patos, era presidente de la Diputación pontevedresa en el momento de los hechos, pero ya no está en el cargo. Ahora ejerce de presidente de la Federación Galega de Fútbol.

Con un sumario de más de 13.500 folios, la macrocausa de la Patos llegó a sumar 51 investigados entre la causa principal y la de Nigrán. Sobre esta última aún no se decidió, pero en relación con la principal, los imputados se redujeron de 36 a los 13 actuales. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha abierto cinco piezas separadas -cada una dará lugar a su correspondiente juicio-, siendo la empresa Eiriña el hilo conductor de la mayoría. Son precisamente el propietario de esta sociedad, Enrique Alonso Pais, y su mano derecha y director general de la firma, Jaime Alvariñas, dos de los imputados, junto a Rafael Louzán, jefes de servicio o gabinete y constructores.

La magistrada, en un auto judicial dictado en septiembre en el que compartía el criterio que previamente había expuesto el fiscal de Delitos Económicos de la urbe olívica, solo vio materia penal en cinco obras competencia de la Diputación y en otra del Puerto, no apreciando materia delictiva en los trabajos que se investigaron relacionados con el Ayuntamiento vigués, la Delegación de la Xunta o el Consorcio Casco Vello. Archivaba así el procedimiento contra más de una veintena de imputados, entre ellos políticos como la exdelegada de la Xunta María José Bravo Bosch o los concejales David Regades y Ángel Rivas. Tampoco siguió adelante con lo relacionado con los regalos navideños.

A la espera de lo que ocurra con el caso de Nigrán, la causa principal de la Patos ahora dividida en cinco piezas sigue su recorrido judicial: el próximo año habrá nuevas declaraciones de testigos y los abogados aportaron o demandaron nueva prueba documental.

Otro procedimiento

Más contundente ha sido la decisión judicial en relación con otro caso que llegó a tener 14 imputados, entre ellos seis concejales de distintos grupos municipales del Concello vigués, por presunta prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas. Se trata del "caso Hormigón" -abierto a raíz de que el exalcalde socialista Carlos Príncipe compareciese en 2013 en Fiscalía para denunciar estos y otros hechos-, que acaba de ser archivado por el Juzgado de Instrucción 1 de Vigo al no ver la juez "relevancia penal en las obras investigadas". Así, ediles como Isaura Abelairas o Santos Héctor y altos funcionarios fueron exculpados, como también ya lo había sido, en este caso por la Audiencia Provincial de Pontevedra, el concejal Ángel Rivas.

Rivas, junto al edil Javier Pardo y otros dos altos funcionarios, también fueron imputados en una tercera causa abierta en Vigo, por supuesta prevaricación en relación con una acumulación de funciones y posterior sobresueldo. Otro asunto que se sobreseyó, en este caso por el Juzgado de Instrucción 4 de Vigo.