El gobierno vigués denuncia en el Pleno la "discriminación" económica de la Xunta a la ciudad de Vigo y le exige aumentar las transferencias y subvenciones que realiza en términos per cápita hasta igualar al resto de urbes gallegas y de forma adicional que acometa un paquete de 17 inversiones entre las que figura la propia conversión de la AP-9 en Teis, la reforma de viales autonómicos, la construcción del centro de salud de Bouzas o la promoción del aeropuerto y las Islas Cíes. El portavoz socialista, Carlos López Font, fue el encargado de defender la moción aprobada con la abstención de la oposición.

Marea reconoció que las cifras de la Conta Xeral de 2015 de la Xunta "cantan" y que Vigo "es la que menos inversión por habitante recibe", pero decidió abstenerse por no compartir alguno de los proyectos concretos para los que se reclama financiación como la reforma de Balaídos. La edil Teresa Egerique trató de contrarrestar las críticas a la gestión autonómica en la ciudad elevando la inversión en el área de Vigo a 177 millones de euros en 2018 y achacando la menor cifra lograda por la ciudad en transferencias y subvenciones al hecho de que el gobierno vigués "no concurre al 80% de las convocatorias".

El único acuerdo unánime logrado ayer fue en la moción de Marea para adherirse a la "Rede de cidades libres de tráfico de mulleres, nenos e nenas destinados á prostitución" y PSOE y Marea unieron sus votos para reclamar al Gobierno central el alza de las pensiones.

La gresca política llegó con el debate sobre el Auditorio promovido por el PP, a quien el gobierno no desveló más detalles sobre sus planes para el recinto que el ya anunciado de que asumirá su propiedad y lo "gestionará directamente" a partir de marzo. Los populares lo consideran "un fracaso político" del PSOE. "Ha sido una huida hacia adelante a costa del dinero de los vigueses", les reprochó la edil Teresa Egerique. El gobierno, sin embargo, echa la culpa de los errores de la concesión al último gobierno del PP. En el duro debate no se arrojó luz sobre quién asumirá los 77 millones en que la oposición cifra la deuda tras la liquidación de la sociedad Pazo de Congresos.

Duro fue también el debate sobre la situación del alcalde pedáneo de Bembrive inhabilitado por la justicia. El PP acusó al alcalde de Vigo de "amparar" a Roberto Ballesteros e intentar "tapar" una ilegalidad en la parroquia. Elena Muñoz recordó en su intervención que tiene 17 causas abiertas mientras que el portavoz socialista, Carlos López Font, se negó a respaldar su propuesta de exigir el cumplimiento de la sentencia para "no interferir con la justicia". Marea fue más allá al advertir a toda la corporación de que está en riesgo la continuidad de la propia Entidad Local Menor al "quedar invalidado cualquier documento que firme ahora el alcalde".