El pacto alcanzado el lunes entre la Xunta y los concellos de la cuenca Galicia Costa para realizar un bombeo de emergencia del Verdugo a Eiras dejaba abiertas dos incógnitas que deben resolverse en las próximas horas. La primera era el reparto de la financiación. No supone ningún escollo porque el Concello de Vigo sigue dispuesto a asumir el coste de la actuación "con tal de asegurar el abastecimiento de la población", pero el Ejecutivo gallego se ofrece a abonar el 20% de esta infraestructura hidráulica en el convenio que remitió a Praza do Rei ayer a las siete de la tarde. El documento deja también en manos de la administración local la decisión de quién ejecuta los trabajos. Augas de Galicia ofrece "agilizar los trámites" en caso de que decida asumirlos el gobierno vigués o bien realizarlos desde Santiago por la vía del "encargo".

Se trata de una cuestión formal que solo influiría en la tramitación del proyecto. En la carta remitida por el director de Augas de Galicia junto al convenio se pide a Vigo que defina hoy su propuesta de financiación y ejecución del trasvase de emergencia, puesto que el texto debe ser autorizado por el Consello de la Xunta y se intentará meterlo en el orden del día de mañana para no tener que esperar al próximo jueves.

A última hora de ayer los técnicos municipales ya estudiaban el texto para responder a lo largo del día de hoy, si bien el alcalde de Vigo, Abel Caballero, avanzaba que la propuesta económica "es ridícula y vergonzosa" tratándose de una competencia "netamente autonómica".

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La Consellería de Medio Ambiente se ofrece a financiar un máximo del 20% de los costes de la actuación, cuyo presupuesto se estima en 5,48 millones de euros. Esto supondría un desembolso de 1,1 millones, dejando los 4,3 restantes en manos del Concello de Vigo. El alcalde volvió a reiterar ayer que está dispuesto a "suplir las carencias y abandonos de la Xunta con la ciudad" pese a que, apoyándose en los artículos 4 y 5.3 de la Lei de Augas de Galicia insistió en que las competencias de este trasvase son de la Comunidad Autónoma.

El regidor sostiene que por tratarse de una obra de emergencia y de interés supramunicipal, ya que busca garantizar el abastecimiento a un mínimo de siete concellos, el pago del bombeo de agua desde el salto de Laforet (Ponte Caldelas) hasta Eiras debería asumirlo Augas de Galicia. Pero en sentido contrario, el Ejecutivo gallego responde con los artículos 25, 26 y 86 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y los artículos 80 y 81 de la Lei 5/1997 de la Administración Local de Galicia que fija el abastecimiento como una responsabilidad municipal.

Pese a todo, Caballero aseguró ayer que "no va a discutirlo" y que Vigo está dispuesto a suplir la parte de los gastos que no proporcionen otras administraciones, dando a entender que se aceptaría el ofrecimiento de la Xunta de sufragar una quinta parte de los trabajos. El gobierno vigués responderá "en cuestión de horas" a la propuesta de convenio indicando si ejecutan ellos la obra o la dejan en manos de Augas de Galicia. El problema que advertía Caballero a este respecto es que una administración local "no puede ocupar bienes y derechos de otros ayuntamientos", lo que exigiría la intervención de la Xunta en la tramitación de una infraestructura que llevan solicitando desde hace mes y medio.

El también presidente de la FEMP recordó la carta enviada al Gobierno central para que celebre una cumbre urgente con las Comunidades Autónomas para evaluar la sequía e informarle de que en el caso de Vigo se siguen evaluando todas las medidas posibles de emergencia, sin descartar, pese a su enorme dificultad y coste, la llegada de barcos con agua como se hizo en su día entre Barcelona y Palma.

Ponte Caldelas, en contra

El trasvase desde el Verdugo solo cuenta por ahora con el rechazo del ayuntamiento de Ponte Caldelas, que considera una "falta de respeto institucional inadmisible" que se proyectara esa actuación sin consultársele. "Esto no es Afganistán, para llegar y meter máquinas pasando por encima de la administración local", proclama el gobierno socialista en un comunicado en el que avisa al director de Augas de que, si persiste, va a tener "serios problemas".