La megacausa derivada de la mayor redada realizada en A Pedra sigue sumando pasos judiciales. El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo acaba de dictar un auto en el que fija las fianzas que deben abonar los casi 50 comerciantes acusados de cara a asegurar el pago de multas e indemnizaciones en caso de una futura condena. La juez establece cantidades que suman casi 650.000 euros. Con esta resolución, estima parcialmente los argumentos de los abogados defensores en el aluvión de recursos contra la decisión inicial de la magistrada de requerir una única fianza de 800.000 euros a abonar conjunta y solidariamente por todos los imputados. Ahora individualiza las cuantías para cada uno de ellos. Y las cantidades son de lo más diversas. La máxima, que se pide para los principales encausados, prácticamente alcanza los 180.000 euros. Y la más baja, como es el caso de otros vendedores, no llega a los 1.000.
Tras la presentación de las calificaciones por parte del fiscal y de las 15 marcas que ejercen la acusación particular en el proceso -aunque son más de 50 las que reclaman indemnizaciones por el perjuicio causado-, ahora será el turno para que los abogados de los comerciantes presenten a su vez sus escritos de defensa. Como adelantó FARO, el Ministerio Público acusa a 44 de los vendedores, la mayoría por delito contra la propiedad industrial. La pena más elevada que solicita, para dos hermanos, es de dos años y medio de cárcel. Y la más baja, de 270 euros de multa, la plantea para cinco imputados a los que se incautó escasa mercancía falsificada.
En el escrito del Ministerio Público se concreta el beneficio económico que hubiesen obtenido los vendedores de los puestos del mercado y de otros locales y bazares ubicados cerca de A Pedra con la comercialización de la ropa aprehendida. Así, el total de prendas, calzado y complementos incautados hubiesen supuesto un beneficio que en global supera los 299.000 euros. La Policía Nacional también se incautó de casi 25.000 euros en efectivo, una cuantía sobre la que la Fiscalía solicita ahora su comiso definitivo. La ropa ya fue destruida.
Si bien la fiscal acusa a 44 comerciantes, el auto de apertura de juicio oral se formula contra 49, en virtud de los escritos a su vez formulados por las acusaciones particulares. El juicio será en un juzgado Penal.
Una familia con una "red" de almacenes y proveedores en Portugal
- La mayor incautación de ropa se hizo en cuatro puestos de A Pedra y en varios locales utilizados como almacén. Todos se vinculan a una misma familia: dos hermanos -que afrontan las penas de cárcel más altas- que contaban presuntamente con la "colaboración" de su madre y otros allegados. La Fiscalía concreta que estos hermanos, un hombre y una mujer, "disponían de una red de locales que utilizaban como almacenes" para abastecer a los puestos "de cuya explotación se encargaban". En "ocasiones" también surtían a otros negocios del mercado. Entre otros lugares, dice la acusación, guardaban la ropa en cuatro trasteros alquilados en un edificio de la avenida de Florida. Era el hombre el que "contactaba diaria y directamente con proveedores portugueses" para adquirir la mercancía. Dos empleados, también acusados, cooperaban en el traslado de la ropa e incluso avisaban "en caso de vigilancias o redadas policiales".
