La caída de Barcelona en la carrera por la Agencia Europea de Medicamentos se vivió para algunos como una decepción similar a la eliminación de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020. La decisión, politizada en medio de las consecuencias del 'procés', sirvió para señalar la inestabilidad de la economía catalana tras la huída de empresas y la oportunidad perdida de contar con una sede europea en el país.
Pero la de Barcelona no sería la primera en llegar a España. Ni siquiera la segunda. De hecho, en el número 4 de la calle García Barbón se sitúa una de las tres instituciones europeas repartidas por el Estado. La European Fisheries Control Agency (en español, 'Agencia Europea de Pesca') se mudó a Vigo el 1 de julio de 2008, contando entonces con cerca de 40 funcionarios de 15 nacionalidades, de los que cinco eran españoles.
La agencia llegó con 1.000 millones de euros bajo el brazo procedentes del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para las arcas públicas. Entre sus funciones principales, la AECP coordina las políticas de los países miembro de la Unión Europea en el control de los caladeros y la supervisión de la política pesquera común. El ámbito de actuación de la institución se adentra 200 millas en aguas territoriales y también en tierra, aunque a partir de determinados acuerdos puede hacerlo en aguas internacionales y de terceros países.
Actualmente trabajan 63 personas en la sede viguesa, con Pascal Savouret como director. Además de la AECP en Galicia, Alicante y Bilbao también albergan instituciones europeas. El primero cuenta con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, mientras que en Vizcaya se sitúa la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
