La relación de Chapela y la AP-9 es, como poco, desigual. La primera aporta suelo: en la década de los 70 para construir el acceso de la autopista a la ciudad y ahora para facilitar su ampliación. La segunda pone el gravoso peaje entre Vigo y Redondela, un anacronismo que destaca por ser la única circunvalación con peaje en una ciudad a lo largo y ancho de toda la Autopista del Atlántico. Mientras la parroquia redondelana se ha sacrificado, permitiendo que la autopista le asestase un "tajo" de lado a lado -corte que se suma a las vías del ferrocarril, tanto del antiguo trazado como del nuevo-, Audasa la "recompensa" con el peaje por kilometro más caro de la red de concesiones estatales. Y no solo eso. El elevado canon disuade a muchos camioneros de usar la AP-9 para desplazarse entre el puerto y las industrias de Teis y Chapela, con lo que optan por atravesar los núcleos urbanos, causando molestias y entorpeciendo el tráfico. Según el Concello de Vigo, están autorizados a circular por la calle Sanjurjo Badía 800 camiones. Según la Asociación de Vecinos de Chapela, cada jornada entran por la alameda de la parroquia más de 200.

Después de tres décadas soportando ese flagrante desequilibrio -el tramo Pontevedra Sur-Vigo de la AP-9 se inauguró en 1981-, las familias de Teis y Chapela han decidido decir "basta ya". Hoy acudirán a la delegación de la Xunta para entregar un escrito con sus reclamaciones al Ejecutivo autonómico. Otro idéntico enviarán al Ministerio de Fomento. Dos días después, el viernes, prevén concentrarse ante las Torres de Padín. Su reclamación coincide con la que han lanzado de forma unánime los Concellos de Vigo y Redondela, el tejido empresarial, partidos políticos y la propia Autoridad Portuaria.

Los vecinos no solo exigen la supresión del peaje que penaliza el uso de la circunvalación entre Vigo y Redondela. Demandan también poner fin al resto de molestias que padecen desde hace décadas. Una de las más evidentes: la contaminación acústica. Los propios informes de Fomento revelan que el acceso de la autopista en Vigo es el tramo de toda la red estatal de viales en régimen de concesión en el que este problema resulta más acuciante. Tras las reiteradas demandas de las familias afectadas e instituciones, el ministerio demandó a Audasa adoptar medidas. Las familias siguen exigiendo que se ataje de una vez el problema.

Otra reclamación de los vecinos es la urbanización del acceso de la autopista hasta las Torres de Padín, donde plantean habilitar nuevas conexiones. De alcanzarse ese objetivo se mejoraría la comunicación dentro de la ciudad más de 30 años después de que el vial se pusiese en marcha. El propio Concello de Vigo insiste que la urbanización de ese tramo es una "prioridad", si bien desde Praza do Rei se habla siempre de la Avenida de Buenos Aires, no de las Torres de Padín. El alcalde ya ha advertido que si la Xunta no incluye una partida para ese proyecto en sus presupuestos de 2018, tomará medidas.

La retahíla de agravios que denuncian los residentes de Chapela no acaba ahí. Desde su asociación vecinal se exige, además de la instalación de pantallas acústicas, la construcción del nuevo colegio Igrexa en Cidadelle -que debe financiar Audasa- y el arreglo de viales que se han visto afectados por las últimas obras. Buena parte de sus peticiones se relacionan con los efectos de las obras que se están ejecutando para ampliar la AP-9. Los vecinos de Trasmañó urgen también la ampliación del puente que comunica su parroquia. La mejora del enlace fue uno de los compromisos adquiridos por Fomento y Audasa y, a escasos meses de que finalicen las obras en la AP-9, los usuarios lamentan que no se ha hecho nada en el viaducto.

La supresión del peaje de la autopista entre Vigo y Redondela ha suscitado un respaldo sin fisuras. Desde el PSOE, PP y Marea se han pronunciado en ese sentido. El grupo del BNG también lo reclamó en la cámara gallega. Vigo y Redondela, así como empresarios y vecinos ya urgieron el fin de un gravamen que no se cobra en O Morrazo. La reclamación está ahora a la espera de una respuesta de Xunta y Fomento, que aún no se han pronunciado tras la petición unánime.