¿A cuánto ascienden las indemnizaciones que cobran del Estado las víctimas de violencia sexual? ¿Y en comparación con el resto de los delitos? ¿Perciben realmente lo dictado en la sentencia? A cuestiones como éstas responde el estudio que Helena Soleto y Aurea Grané, investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid, realizaron entre 2015 y 2017 con el objetivo de determinar la eficacia de la reparación a la víctima en el proceso penal. De las conclusiones de este informe nació el proyecto "Crowd Funding" que ayer explicó en Vigo Anna Fiodorova, profesora de Derecho Procesal en la misma universidad madrileña en el marco de las conferencias del congreso "Mediación Penal: cara a una resposta máis reparada para a víctimas" que se desarrolla hasta hoy en la sede olívica de la Xunta.
En el caso de los delitos contra la libertad sexual, el estudio de Soleto y Grané detectó que "la relación entre indemnización dictada y pagada es la peor en comparación con otros tipos de delitos". A este agravante suma el hecho de que "la media de porcentaje pagado es la más baja, inferior al 25%". Y aunque esta media, según lo recogido en las sentencias, era de 13.700 euros, "sin embargo, a fecha de hoy, la mitad de ellas ha cobrado menos de 166".
Hallazgos como éste llevaron a las autoras a analizar la aplicación de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual que contempla compensaciones estatales para aquellas cuyo daño no es indemnizado por el autor del delito. Su estudio prueba que al final, las ayudas concecidas"alcanzan a menos del 0,5%" de la víctimas.
Estos datos constituyeron razones de peso para que el equipo de Derecho Procesal de la Universidad de Carlos III de Madrid considerase que "un compromiso de todos y cada uno contribuir a la mejora de la situación de las personas que han sufrido daños físicos y sobre todo psicológicos". De ahí el lanzamiento del proyecto "Crowd Funding", que como resumió Fiodorova se justifica en la necesidad de "trabajar" en impulsar cambios en la actual situación y conseguir una reparación eficaz de las víctimas.
Los impulsores del "Crowd Funding" defienden la capacidad que tendría su iniciativa de mejorar la realidad de las actuales y potenciales víctimas de violencia sexual. Desde el punto de vista científico, ofrecería "un estudio interdisciplinar" de la situación actual, identificando los puntos débiles, concretando propuestas de mejora así como su aplicación.
Cinco acciones
El proyecto se resume en cinco acciones. Identificar las causas de esa "considerablemente escasa" reparación a la víctimas de violencias sexuales; diseñar "un paquete de soluciones" dirigidas a cambiar la situación actual; corregir los problemas detectados con la difusión de las soluciones planteadas "a actores clave para la modificación del sistema", como grupos parlamentarios, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas; dar a conocer la situación real de la reparación de la víctima a la comunidad en su conjunto; y seguimiento de la aplicación de las propuestas. Para la realización de proyecto han iniciado la búsqueda de financiación. Con 8.000 euros incluso podría alcanzar proyección internacional.
