El gobierno vigués abre una nueva brecha con el Ejecutivo de Núñez Feijóo y anuncia la presentación de un recurso por vía administrativa y otro judicial contra la ley 2/2017 que implanta la cofinanciación por parte de los concellos de los servicios prestados por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar. "Es un escándalo y dará la vuelta a España. Plantearemos un recurso de inconstitucionalidad en los juzgados de lo contencioso-administrativo y trataremos este abuso en la próxima reunión de la FEMP", avanzó ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
La denuncia de la urbe olívica se produce tras tener que incorporar en el proyecto de presupuestos de 2018 una nueva partida de 350.000 euros para ayudar a financiar las plazas de los centros de día de Teis, Coia y Lavadores y otros 205.000 para dos escuelas infantiles autonómicas. El Concello de Vigo interpreta este cambio normativo como un "retroceso clarísimo de la política social gallega".
"No solo tenemos que aplicar desde el ayuntamiento la política social más ambiciosa de las ciudades españolas, sino que además ahora hay que pagar parte de las acciones de la Xunta. Que sepan los usuarios de sus guarderías, que ya pagan el doble que en las municipales, que el Gobierno gallego aporta cada vez menos", insistió el regidor vigués al anunciar la batería de medidas que se emprenderán desde Praza do Rei para intentar revertir esta situación.
En primer lugar la Concejalía de Hacienda planteará un recurso por vía administrativa, pero Caballero da por hecho que será rechazado y que a continuación los servicios jurídicos municipales recurrirán a la vía contencioso-administrativa para denunciar "una ley inconstitucional". "Es la mayor desvergüenza política", denunció el socialista, que quiere un pronunciamiento conjunto de la Femp contra el cambio normativo de la Xunta. "Toda España va a saber de la inconstitucionalidad de Feijóo", aseguró ayer antes de hacer de nuevo balance de los presupuestos y destacar el incremento de las partidas destinadas a deporte base, que pasan de 430.000 euros en 2015 a 1,1 millones el próximo ejercicio.
Pese a las duras críticas de Caballero, desde la Xunta defendieron ayer la nueva normativa porque ayuda a "clarificar" el reparto de la financiación de los servicios sociales y les da "viabilidad". Desde Santiago destacan además que el acuerdo que luego se plasmó en una ley que Vigo plantea recurrir se adoptó con la Fegamp y suscitó "el respaldo unánime de los alcaldes allí representados de PP, PSOE, BNG y Marea".
El Ejecutivo gallego señala además que Vigo tiene representación en la Fegamp y que, por lo tanto, "era conocedor de ese acuerdo desde 2016" y tampoco manifestó "ninguna disconformidad" durante los tres meses que estuvo la ley 2/2017 de medidas fiscales, administrativas y de ordenación en exposición pública. "Lamentamos los intentos de politizar un asunto como este dado que lo verdaderamente importante es prestar la mejor atención a mayores e infancia", denuncian fuentes de la Consellería de Política Social.
