Y van tres. El enfrentamiento abierto por la Autoridad Portuaria de Vigo contra Audasa por su negativa a pagarle tasas por la actividad y construcción del puente de Rande sigue tan vivo como enquistado. Como advirtió en mayo cuando la concesionaria de la autopista apoquinó la segunda sanción -de 120.000 euros-, el Puerto acaba de resolver un tercer expediente infractor, de nuevo con carácter grave pero elevando la cuantía a los 180.000. La compañía intenta ahora frenar la ofensiva portuaria en los tribunales con la presentación de un recurso contra las dos primeras multas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Para el Puerto no hay ninguna duda de que Audasa debe "normalizar su situación", como así le indicó a sus directivos cuando en una reunión en diciembre de 2015 parecían asumir que había llegado el final a más de tres décadas sin pagar ni un céntimo a la Administración. A juicio de los jurídicos de Praza da Estrela, el gratis total para la concesionaria acabó con el último cambio normativo en materia tributaria, el 5 de septiembre de 2011, cuando se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Por su parte, la titular de la AP-9 apela a la ley de autopistas de 1973, el año del inicio de la construcción del viaducto, cuyos preceptos seguirían prevaleciendo sobre la citada Ley de Puertos, y en base a ellos, se cree en su derecho a continuar sine die sin abonar los cánones exigidos. Grosso modo es lo que expuso en las alegaciones al tercer expediente, entre otros argumentos que poco le valieron para frenar la sanción "por inconsistentes", definen fuentes portuarias.
A la espera de qué concluirá el alto tribunal gallego, la actitud de Audasa respecto a esta cuestión tiene perplejos a los consejeros del Puerto de Vigo. En el último consejo de administración donde se informó de este último expediente infractor, el presidente Enrique López Veiga recalcó su determinación con el objetivo de conseguir que Audasa cumpla con sus obligaciones tributarias "aunque sea a golpe de multas". Y cada vez más elevadas.
A la primera, de 60.000 euros, por infracción "leve", le siguió otra "grave" de 120.000. Ahora la tercera se impone con la misma gradación, "grave", pero el importe se incrementa hasta 180.000 con la justificación de la "reincidencia". De continuar la ofensiva del Puerto con un cuarto expediente infractor sería demasiada la reincidencia como para evitar la consideración "de carácter muy grave". De llegar a este extremo, la resolución ya correspondería al Ministerio de Fomento, y la fijación de la multa, al Consejo de Ministros.
López Veiga cuenta con el total respaldo de los consejeros en este enfrentamiento con la compañía. La mayoría asume que cualquier empresa establecida en aguas de jurisdicción portuaria y que gracias al uso de ellas obtiene un rendimiento económico paga sin rechistar tasas al Puerto. Un rendimiento millonario en el caso de Audasa teniendo en cuenta las tarifas cobradas a los miles de conductores que atraviesan a diario Rande. Solo en el primer semestre de este año facturó 66,3 millones de euros por los peajes en la AP-9.
Esta importante recaudación hace más incomprensible la resistencia de la concesionaria a pagar los poco más de 70.000 euros al año que sumarían los citados cánones. O que antes prefiera pagar las multas y exponerse a más. Con la tercera -se da por hecho que la abonará- habrá desembolsado en total 360.000 euros. Una de las razones pudiera estar en el convencimiento de la empresa a la validez de los argumentos que expone en el contencioso planteado ante el TSXG para continuar con la exención de tasas. Aunque en Praza da Estrela se muestran muy tranquilos con este litigio. No contemplan una resolución judicial ni mucho menos contraria. El tiempo lo dirá.
