La investigación abierta por descarga y venta ilegal de pescado en el puerto pesquero de O Berbés que descubrió el entramado de supuestos chivatazos de inspecciones a cambio de regalos cuenta con valiosos indicios que probarían la presunta implicación de un amplio abanico de personas en la práctica de esos sobornos. Varios testigos en la operación Govi desarrollada por la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo han confirmado la existencia de esa trama de cohecho al detallar cómo sufrían coacciones por parte, específicamente, de agentes de la Policía Portuaria destinados en esos muelles.

Hasta el momento las pesquisas han deparado la detención de seis personas: cuatro agentes portuarios, un capataz de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) y una intermediaria. Todos quedaron en libertad con cargos, pero según lo revelado este mismo martes por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, la investigación apunta hacia 18 personas más, entre ellos, otros miembros de la plantilla de la Policía Portuaria y también armadores.

El papel desempeñado por los agentes parece que cobraba especial relevancia en este oscuro entramado ilegal que funcionaría en O Berbés a tenor de las manifestaciones ofrecidas hasta el momento por varios testigos que comparecieron voluntariamente ante los responsables de la causa abierta. Según estos testimonios, los policías portuarios les coaccionaban exigiendo "regalos". Dádivas como piezas de pescado de alto valor, cajas con esta mercancía o marisco, y de forma excepcional, incluso dinero. En caso de que no accediesen, los testigos indicaron algunas consecuencias, la primera, "trabas para poder trabajar".

Al margen de estas descripciones directas por parte de quienes sufrían presuntamente esas coacciones, los investigadores disponen de otros indicios extraídos de siete meses de intervenciones telefónicas. Aunque solo se pinchó el teléfono oficial de los policías portuarios y también alguno particular de los detenidos, los investigadores disponen de abundante material para armar la acusación. En todo caso, la investigación está lejos de cerrarse porque después de escuchar a los citados testigos se prevé la citación de "bastantes más" policías que, entre otras cuestiones, deberán explicar las supuestas irregularidades en el control de la descargas por posible falsedad documental.

"Que esto acabe pronto"

Para la mayoría de las empresas vinculadas a la actividad en el puerto pesquero de Vigo, esta operación de la Guardia Civil supone un "duro golpe" a la imagen del producto que sale de O Berbés. "Lo único que esperamos es que esto acabe pronto", comentaba ayer un veterano operador, que como publicaba ayer este periódico comparte ese temor al aumento de las inspecciones oficiales de todo tipo a raíz de la investigación. "Lo más injusto es que ahora la lonja parezca un nido de delincuentes. No digo que no haya golfos, pero no son ni mucho menos la mayoría", razona. Y como el resto de los consultados, al igual que las asociaciones representativas de los sectores que operan en estas rulas, salvo el presidente de ARVI, ninguno quiso revelar su identidad a la hora de pronunciarse sobre las conductas descubiertas por la operación policial.

Entretanto, los muelles donde trabajan 5.000 personas que cada madrugada mueven hasta 400 toneladas de pescado siguen envueltos en una clima de tensión "por las consecuencias". Sin especificar de qué tipo, algunos empresarios consultados prevé que tan pronto se cierre la investigación, "la Administración" -sin apuntar cuál en concreto, portuaria, autonómica o central- lo utilizará como pretexto con el objetivo de impulsar cambios. Y en este asunto ya comienza a haber variedad de opiniones. Frente a la total resistencia inicial de la mayoría, la que critica el planteamiento del Puerto de entregar las lonjas a un concesionario, ahora ya hay voces abiertas a un giro radical en la gestión de estas instalaciones.