La investigación por descarga y venta ilegal de pescado en el puerto pesquero de Vigo en la que se descubrió un entramado de presuntos chivatazos de inspecciones a cambio de regalos no se centra solo en las seis personas detenidas, entre las que se encuentran cuatro policías portuarios. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, avanzó ayer que en el marco de este "importante" operativo realizado por la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 4 de la urbe olívica se investiga a 18 personas más. Varias fuentes consultadas explicaron que la previsión es que en las próximas semanas se cite a más personas por su supuesta implicación en la trama. El foco de las pesquisas estaría puesto en otros agentes de la Policía Portuaria y también en armadores. A cambio de facilitar la descarga irregular, los policías presuntamente recibían como dádivas piezas de pescado de alto valor, cajas con esta mercancía o marisco. Y de forma excepcional, incluso dinero.
La operación se bautizó con el nombre de Govi. El lunes de los arrestos, tres detenidos quedaron ya libres en la Benemérita con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean citados. Se trata de dos policías portuarios y de una mujer vinculada al sector de descargas que, según las pesquisas, actuaría como intermediaria entre armadores y agentes: supuestamente se encargaba de recoger los regalos -el pescado- que los segundos recibían y de venderlo en la lonja de forma irregular, repartiendo el dinero obtenido entre esos efectivos.
Los otros arrestados -dos agentes y un capataz de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI)- comparecieron ayer ante el juez Juan Carlos Carballal, que los dejó libres con cargos: se les investiga por la presunta comisión de delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental. El juzgado valorará si la supuesta trama funcionaba como lo que jurídicamente se denomina "grupo" criminal.
Solo uno de los detenidos puestos a disposición judicial -un policía- declaró. Los otros dos se acogieron a su derecho de no hacerlo. Familiares los esperaban en los pasillos del juzgado. Fuentes próximas al empleado de ARVI justificaron su decisión de no hablar ante el juez ya que hasta ahora no habían podido tener acceso a las diligencias, que ocupan tres tomos, debido al secreto sumarial que finalmente se levantaría ayer. En todo caso, en relación a este investigado estas fuentes incidieron en que "no cometió ninguna irregularidad".
La investigación arrancó en mayo, cuando el Seprona detectó en el muelle del Berbés irregularidades en el control de las descargas, en los cupos y en los tamaños de las capturas. Con la "inestimable colaboración" de la Autoridad Portuaria, destaca la Guardia Civil, se constataron "irregularidades en las descargas de los barcos de la flota de pesca de altura y de grandes peces, directa o indirectamente consentidas y/o propiciadas por determinados miembros de la policía portuaria". Presuntamente, permitían el desembarco y venta de pescado fresco de tallas o especies no autorizadas y avisaban de las inspecciones a armadores. A cambio, dice la Benemérita, recibían "remuneraciones en especie": pescado.
Junto a estas conductas, se investiga una presunta falsedad documental, ya que se habrían expedido actas de inspección de descarga de buques o camiones sin haberse llevado a efecto, "con el consiguiente beneficio económico para las empresas compradoras del pescado, ya que les permitía declarar especies de menor cuantía que generaban menos importe en las tasas a autoliquidar". En varias inspecciones en almacenes del muelle fueron incautados más de 200 kilos de pez espada de tamaño inferior al autorizado, descargados de barcos de bandera portuguesa. El día de los arrestos los agentes se aprehendieron de otros 100 lomos de atún que se llevaron directos del barco a un vehículo. Junto al Puerto, en las pesquisas colaboraron Aduanas, la delegación provincial del Ministerio de Pesca y la Xunta.
El Puerto no denunció
En concreto, la colaboración de la Autoridad Portuaria arrancó con la investigación, hace siete meses. "Esto era un caso serio, por eso sí cooperamos de manera importante", razonó el presidente Enrique López Veiga, quien negó que fuese el Puerto quien denunciase la situación. Aprovechó para defender a la Policía Portuaria: "Por el mero hecho de que haya algunos supuestamente implicados no hace al colectivo ni mucho menos sospechoso". Y también avanzó que con las inversiones ya en marcha en las lonjas "harán que cada vez sea más complicado esquivar los controles".
