Los incendios del pasado 15 de octubre y sus dramáticas consecuencias en el área de Vigo crispan el pleno municipal hasta el punto de que los concejales acabaron intercambiándose reproches a gritos. Las evidentes diferencias entre PSOE, PP y Marea a la hora de repartir responsabilidades sobre lo ocurrido y exigir soluciones para paliar los daños caldearon un debate en el que no fue posible sacar adelante por unanimidad ninguna de las mociones que versaban sobre política forestal y ayudas para los damnificados. Los populares se quedaron fuera del acuerdo de socialistas y Marea para exigir al Gobierno de España y a la Xunta que abran una mesa de trabajo que desemboque en un Pacto de Estado para trazar una nueva política forestal y mejorar la coordinación de los servicios de emergencias. Minutos después la división volvía a escenificarse al rechazar el grupo de gobierno la propuesta del PP de que todas las administraciones, incluidos el ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra, habiliten una línea de ayudas para apoyar a los vigueses con viviendas o parcelas afectadas.
El debate de la primera moción transcurrió con relativa normalidad pese a que por primera vez el gobierno socialista urgía un pacto para impulsar una nueva política forestal y de emergencias a nivel nacional tras denunciar "fallos clamorosos en los planes de prevención, en la política de personal y en la coordinación de efectivos". Carlos López Font defendió la necesidad de "buscar colaboración entre administraciones con el respaldo de científicos" para alumbrar un nuevo modelo de gestión de los montes para anticiparse a futuras crisis. "La sequía y el cambio climático han venido para quedarse y demuestran que la política forestal no puede reducirse del 15 de junio al 30 de septiembre", advirtió. El PSOE reclamó a los populares que "abandonen los análisis simplistas que apuntan a una trama terrorista" y apostó por que todos los niveles administrativos se unan para "pasar a la acción de inmediato".
Marea coincidió en que "la única trama vigente es la falta de control y legislación adecuada sobre el monte", destacó el edil Xosé L. Jácome, que recordó al PP que las primeras investigaciones no detectan conexiones entre los fuegos y apuntó también a una "descoordinación del 112 y la privatización de los medios de extinción" como factores a corregir para luchar mejor contra otra crisis incendiaria. La coalición de izquierdas logró introducir una moción para que el acuerdo plenario que reclama una mesa de trabajo para iniciar un Pacto de Estado incluya además de a todos los grupos políticos, a sindicatos y organizaciones ecologistas.
El PP se abstuvo y volvió a apuntar a una acción "terrorista" el pasado 15 de octubre. Su portavoz reiteró su petición de celebrar un pleno extraordinario para que el gobierno vigués explique de forma detallada su gestión de la crisis y aclare si se activó o no el plan de emergencias de la ciudad. Elena Muñoz inquirió sobre este punto de forma reiterada al concejal de Seguridad y portavoz del PSOE, que eludió contestarle durante el pleno. "Es intolerable y un hecho gravísimo. ¿Había o no un mando único para coordinar a los efectivos?", insistió la popular, quien urgió respuestas a nivel municipal para "luego" abordar cuestiones como la petición de un Pacto de Estado.
La sesión transcurrió ordenada hasta este punto, pero a partir de aquí PP y PSOE empezaron a intercambiarse reproches acusándose mutuamente de eludir responsabilidades. Los incendios ocuparon parte importante del pleno y fue al debatir la segunda moción, del PP, solicitando la implicación de todas las administraciones para resarcir a los afectados por las llamas cuando el debate subió de intensidad y acabó descontrolándose con acusaciones cruzadas de "politizar" la situación.
La primera en lanzarse fue Elena Muñoz mostrando una foto en tamaño A3 de la visita de Pedro Sánchez a los montes de Vigo junto al alcalde y la presidenta de la Diputación. Acusó al secretario general de los socialistas de "venir a hacer política rastrera" que contrapuso con "el comportamiento de matrícula de honor de los ciudadanos".
El PSOE atacó al PP por "hacer política de partido" con la mayor crisis de incendios sufrida por la ciudad y alentar el debate sobre el plan de emergencias. Aunque en el pleno no lo aclaró, el gobierno local aseguró ayer por la tarde que "sí se activó el plan por la vía de los hechos y a través de llamadas telefónicas" y que se "cumplieron todos los protocolos de actuación que en él se recogen". Font calentó más la sesión al emitir un audio donde se escucha al número 2 del PP Diego Gago en una entrevista radiofónica el domingo por la noche asegurando que en Vigo había cortes de luz y que el agua de la traída no se podía beber. El portavoz socialista exigió su dimisión por "propagar bulos y generar alarma" y por la tarde se sumaron a esta petición las Xuventudes Socialistas de Vigo. Muñoz, también en un tono elevado, acusó a Font de "enfangar" el debate y representar "lo peor de la política" y defendió a su compañero asegurando que pasó la noche apagando incendios con los vecinos de Valladares y Zamáns.
Aunque con diferencias respecto al reparto de responsabilidades, pues Marea denunció que "ninguna medida servirá de nada si no se corrige la despolítica forestal de la Xunta, el grupo apoyó la moción del PP para que también el Concello habilite ayudas económicas para los damnificados, propuesta rechazada por el gobierno por entender que la competencia es del Estado y la Xunta.
A estas alturas y aún después de la votación, la bancada popular y la socialista siguieron cruzándose acusaciones recordando las fotos de Feijóo en el monte en 2006 con una manguera y las declaraciones del alcalde dando por controlada la situación cuando aún había focos activos en el municipio. David Regades, que dirigió buena parte del pleno, tuvo que realizar continuas llamadas al orden.
Hospital y Casco Vello
A pesar de los sobresaltos, el pleno acordó reclamar a la Xunta la derogación de la Lei de Fomento de Iniciativas empresariales, a petición de Marea de Vigo y con el apoyo del PSOE. Los dos partidos también se aliaron para urgir a la Consellería de Sanidade "la apertura inmediata y de forma gratuita" del parking subterráneo del nuevo hospital y de dos fincas anexas al edificio. "El parking es una tasa de copago sanitario", denuncio Carlos López Font, mientras el portavoz de Marea, Rubén Pérez, animó al gobierno local a ser más ambiciosos y volver a reclamar el rescate de la concesión. El edil del PP Miguel Fidalgo defendió, por el contrario, que la gestión sanitaria en el área de Vigo "es muy buena" e insistió en que el aparcamiento de Beade "es el más barato de la ciudad".
El único acuerdo por unanimidad fue la prórroga del convenio con la Xunta para que el Consorcio Casco Vello siga rehabilitando viviendas hasta el año 2021 con la previsión de reinvertir en nuevos inmuebles 15,5 millones de euros logrados de la venta de pisos y locales.
El edil de Hacienda, Jaime Aneiros, ocupó una buena sección del pleno para explicar las líneas maestras del presupuesto de 2018 que se presentará en los próximos días y se volcará "con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". El PP tildó el documento de un "corta y pega" de actuaciones no ejecutadas en años anteriores y Marea denunció la subida "innecesaria" de impuestos. Los datos de pago a proveedores vuelven a situar a Vigo entre las urbes que más rápido abonan sus facturas por obras o servicios.
