La Audiencia de Vigo inició ayer el juicio contra un empresario y otras dos administradoras de una empresa de Vigo -Jordao Ibérica, perteneciente al ya desaparecido grupo Chevika- acusados de quedarse con casi 425.000 euros de una firma portuguesa socia de la suya, Jordao Cooling Systems, que les proveía de la maquinaria enfocada al sector de la hostelería que comercializaban.

Frente a la petición de 3 años y medio de cárcel de la Fiscalía y la acusación particular, que les atribuyen la presunta autoría de un delito societario y otro de apropiación indebida, la defensa solicitó la libre absolución y, de forma subsidiaria en caso de condena, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. El empresario, Francisco Luis B.G., negó haberse apropiado del dinero y justificó la deuda con el proveedor debido a que los clientes empezaron a no abonarles a ellos la mercancía. "El nivel de impagos fue abrumador, muy grande; incluso tuvimos que hacer una ampliación de capital", afirmó, ahondando también en que, en alianza con un extrabajador suyo, la empresa denunciante tenía una "estrategia" para quedarse con su "red de mercado" y clientela.

La empresa denunciada fue creada en 2002, pero fue a partir de 2008, según relata el escrito de la Fiscalía, cuando la sociedad portuguesa, puntera en el sector y con sede en Guimarães, comenzó a sufrir retrasos en los abonos y después impagos del material que abastecía a la de Vigo. Esta situación acabó dando lugar a dos procedimientos judiciales en sendas salas de Primera Instancia de la urbe olívica que condenaron a la firma viguesa a abonar los 424.912 euros que ahora se reclaman en este juicio penal.

El acusado era el responsable del grupo empresarial pero, según manifestó en su declaración, él no era el que se ocupaba "del día a día" de la gestión de la sociedad ya que se pasaba "el 99%" del tiempo con viajes de trabajo para cuestiones de ventas. "Las decisiones estratégicas del grupo las adoptaba yo; pero delegaba en cuestión de cobros, contabilidad...", afirmó. Las otras dos acusadas eran trabajadoras de la firma que fueron nombradas administradoras solidarias en 2007, por ser "personas de confianza" , para estar "vigilantes" en cuestiones como facturación y contabilidad.

Junto a la presunta apropiación indebida que niegan los acusados, el fiscal acusa también de delito societario ya que supuestamente no facilitaron información a la empresa lusa cuando ésta, alertada por los impagos, solicitó datos sobre las cuentas de la firma de Vigo. El juicio sigue mañana con los informes finales de acusaciones y defensa.