Tres años y medio de cárcel y el pago de multas que suman 5.400 euros por la presunta autoría de un delito de apropiación indebida de especial gravedad y otro societario. Es la petición de la Fiscalía para tres empresarios acusados de quedarse con casi 425.000 euros de otra firma socia de la suya que era la que prácticamente en exclusiva les abastecía el material objeto de su negocio: maquinaria, aparatos, mobiliario y complementos para el sector de la hostelería y la administración. El Ministerio Público sostiene que pese a que la sociedad perjudicada suministraba los productos que los procesados le encargaban para clientes, quienes a su vez abonaban su compra, a partir de 2008 comenzó a sufrir sucesivos impagos. La tesis de la acusación es que los procesados se quedaron esas cantidades "en su particular beneficio" y en el de "otras sociedades" que nada tenía que ver con la afectada.

Un acusado es FL.B.G., administrador de esa empresa constituida en 2002 y dedicada a la comercialización de material de hostelería y administración. En 2007 cesaron como administradoras mancomunadas dos hermanas suyas, nombrándose a dos administradores solidarios, S.N.G. y M.B.O., que son los otros dos procesados. La fiscal relata en su escrita que la relación de esta empresa con la perjudicada era que ésta última suministraba los productos y, una vez el cliente pagaba, le abonaban el material.

Durante años la relación comercial transcurrió sin incidencias. Pero a partir de 2008 el proveedor comenzó a sufrir retrasos en el abono del dinero o directamente impagos. Ante la situación generada, el empresario perjudicado, que era también socio de los acusados, comenzó a pedir información y documentación contable de la firma, sin recibir esos datos. Ante este escenario, en febrero de 2009 solicitó al Registro Mercantil de Pontevedra el nombramiento de un auditor para repasar las cuentas de la sociedad. Este trámite se realizó, pero tampoco así fue posible obtener los datos económicos.

Ante la persistente situación de falta de pago de los suministros, dos tribunales civiles dictaron resoluciones condenando a la empresa denunciada a abonar ese dinero. Una de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Vigo sentenció a la sociedad al pago de más de 219.000 euros. Y otra de 2010, de Primera Instancia número 3, fijó el abono de otros 205.781 euros. "Pese a ello la empresa no ha abonado ninguna de las cantidades impuestas en las sentencias, ya que ha dispuesto de las mismas para obtener un beneficio económico [...]", concluye el Ministerio Fiscal.

Junto a la apropiación indebida, la acusación pública atribuye a los tres acusados un delito societario en su modalidad de "impedir el derecho de información de un socio". El juicio se celebrará esta semana en la Sección Quinta de la Audiencia viguesa.