La juez dejó ayer visto para sentencia el que se constituye como uno de los juicios más importantes de la macrocausa de fraude fiscal con facturas falsas de Las 5 Jotas. Una vista que sentó en el banquillo a Fernando G.M., administrador de Darzal Consultoría y Prevención, que afronta 40 años de prisión por la presunta recepción, a través de esta sociedad y de otras dos más, de facturas ficticias valoradas en 8,6 millones de euros. La supuesta defraudación a la Agencia Tributaria ascendería a 3,9 millones.
El fiscal mantuvo la petición de cárcel para este empresario. Y es que, según expuso en un contundente informe final, las explicaciones y alegatos de la defensa no han sido más que "patrañas". El contrato clave del caso, el mismo en el que se apoya el acusado para afirmar que tenía negocios y relaciones comerciales con el grupo empresarial de Las 5 Jotas, no es más que mero "papel" para el Ministerio Público. "Ese acuerdo es falso", dijo. La tesis de la acusación es que ese contrato se hizo para tratar de justificar los recibos mendaces una vez que Hacienda descubrió la trama.
En definitiva, el Ministerio Público no se cree que Darzal, como dijo, hubiese comprado el know-how de Las 5 Jotas ni que tuvieran relaciones comerciales para proyectos como el que se expuso sobre Cea. "Esa es otra cortina", dijo. "Todo lo que se nos cuenta son patrañas", resumió, para añadir a continuación que, frente a ello, la prueba de la acusación es "contundente, abundante y clara".
La defensa de Fernando G.M. pide su libre absolución. Insistió en la realidad de ese contrato millonario entre su cliente y el grupo vigués, ahondó en que los peritos de Hacienda no inspeccionaron los 110 archivadores donde está todo lo relativo al know-how y remarcó que había relación con Las 5 Jotas para los proyectos de Cea y Navacerrada. También calificó de "ilegales" las penas que se piden para su representado, que exceden, se alega, los límites penológicos para los comportamientos que se describen en esos ilícitos.
