Aunque el caso más importante relacionado con A Pedra que está en la actualidad en vía judicial es el que derivó de la gran redada de 2014 -la que asestó el último y mayor golpe a esta popular zona de Vigo-, hay otros procedimientos por venta de ropa falsificada en el mercado consecuencia de redadas anteriores que llevan años en los tribunales a la espera de juicio. Uno de ellos, que engloba tres operativos realizados en 2006, 2007 y 2010, parecía que iba a convertirse en la primera macrocausa de A Pedra en llegar a una sala de vistas. Pero el proceso está paralizado.
Las diligencias de este caso se abrieron en 2006, hace más de una década, en el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo. Concluida la larga y compleja investigación, la Fiscalía presentaba su escrito provisional de calificación contra 40 comerciantes por delitos contra la propiedad industrial y en algunos casos solo por falta: solicitaba penas que sumaban en total 45 años de prisión y más de 670.000 euros en multas. Y también que los acusados indemnizasen a casi 60 marcas textiles en la cantidad que se determinase en ejecución de sentencia. El procedimiento versa sobre la Operación Pedrada de febrero de 2006, otra de junio del año siguiente y la Operación Berlín, de septiembre de 2010.
El elevado número de imputados y abogados personados hacía prever una multitudinaria y larga vista oral. La causa, una vez elevada para enjuiciamiento, recayó en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo. Pero a día de hoy, según confirmaron fuentes próximas al caso, aún no hay fecha para este proceso. En 2015 la Fiscalía planteó un acuerdo de conformidad en el que se rebajarían hasta el mínimo que contempla el Código Penal las peticiones de condena por los ilícitos que se atribuyen a los comerciantes encausados, tanto en lo relativo a cárcel como a multa. Ese año, por ello, comenzaba un proceso de negociación que incluyó reuniones entre la fiscal y los abogados defensores.
Junto a las propuestas que realizó el Ministerio Público, las marcas -personadas como acusación particular- aceptaron asimismo rebajar su petición de indemnización por las más de 14.000 prendas falsificadas intervenidas en las redadas que aúna esta causa. En 2016 trascendía la petición que en aquella fecha hicieron estas empresas y que sumaba 43.285 euros: las cuantías oscilaban entre la máxima de 20.000 euros que se demandaba para un matrimonio al que se incautó casi la mitad de la mercancía y la mínima de 150 euros para varios vendedores que tenían cantidades ínfimas de prendas falsas en sus puestos. No trascendió si hubo cambios tras este planteamiento.
Negociaciones
¿Y cómo quedaron esas negociaciones para evitar el juicio? Según las fuentes consultadas, la mayoría de comerciantes están dispuestos a asumir los términos de la conformidad que se les planteó. Pero hay cinco que no aceptaron el acuerdo. Y eso parece ser que es lo que ha contribuido a bloquear este caso. Un jurista señalaba recientemente que las últimas comunicaciones del juzgado de lo Penal en relación con el procedimiento las recibió el verano de 2016, hace ya más de un año. Entre ellas se dio traslado a los abogados de escritos remitidos por marcas personadas en el proceso, en algunos de los cuales se instaba a que, dado que ya había acusados dispuestos a llegar a una conformidad, se facilitasen los medios para que esos acuerdos, bien de todos o de parte de los procesados, se llevasen a cabo. En su momento la juez de lo Penal, dado que las partes estaban en vías de negociación, archivó provisionalmente la causa a la espera del resultado de las conversaciones para señalarse la vista. Esa situación de sobreseimiento continúa.
