"Esto va a acabar en el juzgado". Esta frase se escuchó en el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo del 16 de diciembre de 2016. Un punto del orden del día fue la aprobación del procedimiento y criterios de selección de áreas de conocimiento para participar en la convocatoria de plazas de promoción interna a catedráticos en la institución. El problema fue que ese proceso dejaba definitivamente sin efecto un acuerdo de 2013, donde constaban designados una veintena de profesores que después no pudieron aspirar a esas plazas por cuestiones presupuestarias, por la tasa de reposición impuesta desde el Gobierno central. Y 12 de los docentes, como anunció uno de ellos en aquel consejo, han acabado llevando la cuestión a los tribunales. Concretamente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, donde ayer se celebró el juicio.

El abogado de los profesores se ratificó en la demanda, instando la vigencia y ejecución del acuerdo adoptado en 2013, que había superado todos los trámites y solo estaba a la espera de la oferta de empleo público frenada por la tasa de reposición. El letrado de la Universidad, mientras, solicita que se desestime el recurso. Esgrimió que la reivindicación es "extemporánea", ahondando sobre el fondo de la materia que entre otros requisitos hay que tener en cuenta la "disponibilidad" de presupuestos y las "necesidades docentes a valorar cada año académico". En el consejo de 2016 el rector Salustiano Mato hizo mención a sendos informes, uno interno y otro externo, que arrojaban que no se podía ejecutar el antiguo acuerdo y había que hacer otro proceso para sacar las 12 cátedras.

Tras concluir el juicio, varios profesores demandantes mostraron su "sorpresa" y a la vez "satisfacción" por el hecho de que el abogado de la Universidad "reconociese en el juicio" que el acuerdo de 2013 no estaba caducado, todo lo contrario de lo que, aseguran, se les dijo en su día. Afirmaron que la nueva convocatoria fue "injusta" y con criterios "arbitrarios". El proceso no responde, denunciaron, a criterios de "mérito y capacidad. "La situación es desoladora, desmotivadora", afirman. Como codemandado figura un profesor, Xosé Henrique Costas, que superó el proceso selectivo de 2016. Ya tuvo una cátedra que fue anulada, junto a otras siete, por la Justicia.