El Concello de Vigo está entre los ayuntamientos de España con menor administración paralela. Un informe realizado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública confirma que el consistorio olívico se encuentra entre las ciudades del país de similar o mayor tamaño con menos entes dependientes, situándose además en el podio de las ubicadas en la mitad superior del mapa geográfico nacional. En total son 19 órganos adscritos, aunque tres de ellos (Federación Gallega de Municipios y Provincias, Federación Española de Municipios y Provincias y Fondo Gallego de Cooperación) están repetidos en todas ciudades gallegas.
En el número de entidades dependientes el Ministerio de Hacienda y Función Pública diferencia entre organismos autónomos, consorcios, entidades públicas empresariales, sociedades, asociaciones y fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Precisamente en este último apartado es en el que aparecen el mayor número de nombres en la lista del Concello vigués. De todos ellos, destacan el Museo Etnográfico Liste, el Museo Arte Contemporáneo (Marco), la Vigo Convention Bureau o las fundaciones Laxeiro y Provigo. Fuentes municipales aseguran que estas instituciones obran "en favor de la ciudad" y por ello el gobierno local contribuye todavía a que sigan abiertas aportando una cantidad de dinero a sus arcas.
Gerencia de Urbanismo
A mayores de estas citadas fundaciones, el único órgano totalmente dependiente del Concello es la Gerencia de Urbanismo. Las demás entidades muestran que el ejecutivo vigués está presente en los órganos directivos de dos consorcios, como es en el caso del de Zona Franca y Casco Vello, en los que también participan otras administraciones. En el caso de Emorvisa, que aparece en el apartado de sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, la participación es "testimonial", según apuntan desde Praza do Rei.
Con el objetivo del Gobierno central de controlar el gasto de las entidades locales acabando con la duplicidad competencial bajo la máxima de 'una administración, una competencia' y limitando la contratación de personal, a finales del año 2013 entró en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que inauguró una nueva etapa en la historia normativa de la regulación de los ayuntamientos españoles. En ese momento muchas corporaciones locales se vieron obligadas a perder entes adscritos, y la de Vigo no fue una excepción. En el año 2015 se dio de baja a la Escuela de Artes y Oficios, el Instituto Municipal de Deportes y a Vigozoo. Fuentes municipales confirman que dichas bajas se hicieron para simplificar la estructura, reducir costes y maximizar el personal para que pudiese trabajar en el Concello de forma transversal y mitigando el hecho de que las leyes de Presupuestos no permitiesen reponer funcionarios. Dicha medida recibió numerosas críticas, como la del propio alcalde, Abel Caballero. "Ayuntamientos y diputaciones queremos ser quienes gastemos nuestro superávit, no deseamos regalárselo a otras administraciones", apuntó hace un año el primer edil vigués.
El regidor olívico, en su condición de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), siempre se ha mostrado crítico con esta norma al entender que impide a las entidades locales satisfacer las demandas de sus ciudadanos. "Se trata de una ley calamitosa, la más dañina para el municipalismo que se hizo en la democracia y la queremos derogada", señaló Caballero meses atrás.
