La detallada revisión por parte de las organizaciones empresariales del protocolo que el Ministerio de Sanidad presentó como base para mejorar el funcionamiento del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) ha desembocado en una propuesta que replantea por completo el documento expuesto en Vigo por el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza. Tras mantener varias reuniones desde aquel encuentro del 16 de mayo con el número 2 de Sanidad en la Estación Marítima, la mesa de trabajo dirigida por la Autoridad Portuaria de Vigo e integrada por Conxemar, Anfaco, Arvi, Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Logidigal, Ateia y también el Puerto de Marín, le ha remitido un "informe de modificaciones" cuya finalidad es configurar un modelo de gestión del puesto de control aduanero sin margen para que continúen esas "actuaciones subjetivas o arbitrarias" en la inspección de contenedores.
Con el convencimiento de que esta clase de actitudes junto a la aplicación de criterios "excesivamente burocráticos" es lo que provoca constante desvío de mercancías perecederas a Leixões (Portugal), la "Mesa de Trabajo del PIF de Vigo" cree necesario "reducir al máximo nivel las posibilidades" de que se reproduzcan. Con este objetivo ven de "crucial importancia" que los protocolos de control diseñen la actividad inspectora "en base a parámetros objetivos aclarando con una interpretación uniforme para todo el territorio nacional los posibles conceptos jurídicos indeterminados que la normativa reguladora pueda introducir". Y a juicio de sus integrantes, el denominado "Protocolo de Gestión Documental" elaborado por el Ministerio de Sanidad -aunque lo valoran positivamente "en tanto en cuanto supone una instrucción general de coordinación de la los servicios de inspección"- no evitaría ni la disparidad ni la subjetividad de criterios de los inspectores, sino más bien al contrario. "Se incluyen importantes aspectos que se dejan a la libre consideración de los Servicios de Inspección, o se incluyen indicaciones demasiado genéricas o imprecisas", aseguran. Dicho de otro modo, que más que agilizar la inspección de mercancías la entorpece.
"El beneficio de la duda"
Otro de los puntos sobre los que tratan las modificaciones planteadas desde Vigo satisfaría a esas agencias transitarias que se quejan por la actitud de los inspectores del PIF de Guixar, en el sentido de que parten siempre de la desconfianza sobre la documentación de la mercancía o el buen estado de la misma. Sin perjuicio del celo que debe guiar la inspección de perecederos en aras de la máxima seguridad alimentaria, en el informe se hace la siguiente consideración: "Se ha de resaltar la importancia de que dichos protocolos no eleven a su máxima expresión la aplicación del principio de interpretación restrictiva de los Reglamentos o normas, o lo que es lo mismo, que 'el beneficio de la duda' sea siempre aplicado en favor de la actividad importadora, especialmente cuando se trata de la exigencia de requisitos formales que no suponen riesgo para la población ni para la salud animal o ambiental del territorio".
Tampoco se olvida el grupo de trabajo vigués de la paradoja de que los contenedores rechazados en Vigo se descargasen sin problemas por Leixões. Por ello instan a velar para que los PIF apliquen los "mismos criterios de rigurosidad en todas las áreas portuarias y aeroportuaria de la UE". Apelan a las "posibilidades" que ofrecen la nuevas tecnologías para detectar la aplicación de hecho de criterios distintos por parte de los Servicios de Inspección, "lo que permitiría la a apertura de los expedientes de comprobación que eviten la discrecionalidad y la distorsión de la competitividad en los territorios en base a motivos puramente subjetivos o personales".
Por todas estas razones proponen modificaciones al protocolo de Sanidad como las dirigidas a eliminar la farragosidad en los procedimientos de confirmación de los documentos que acompañan a las mercancías o para clarificar qué requisitos formales deben reunir ("no existe ninguna exigencia al color de los sellos o firmas, o a los requisitos de la tinta en la que está impresa el propio certificado").
También piden que se aclare que no hay prevalencia de ninguna de las diferentes versiones lingüísticas de la legislación europea ("la extensa jurisprudencia del TJUE ha demostrado que todas las versiones lingüísticas de textos de derecho comunitario son auténticas por igual"). Sobre la "subsanación de errores", causa de muchos de los retrasos en el despacho de contenedores en Vigo, mantiene el sector portuario vigués que "no existe dentro de la documentación que acompaña una mercancía ningún error que no sea subsanable", por lo que solicita que se permitan en todos los casos los llamados "documentos de reemplazo".
